El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada en contra el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
La acción judicial, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, apunta al delito de prevaricación administrativa. Esto por la entrega de autorizaciones para que empresas ejerzan labores no esenciales en medio de la cuarentena.
Durante el confinamiento solo pueden funcionar compañías de abastecimiento, servicios críticos y sanitarios. Sin embargo, Rendón aseguró que empresas de otros rubros también están realizando labores en la región Metropolitana.
“Hemos podido constatar que se han excepcionado a empresas que no tienen nada que ver con estos rubros, que no constituyen ningún aporte para enfrentar la pandemia, pero que sí implican la exposición al riesgo de contagio de sus trabajadores, contagio que como sabemos puede llegar a ser mortal”, señaló en un comunicado.
Diligencias
En la querella se detallan diversas acciones de empresas no esenciales realizando actividades. Por ejemplo, hay fotos de obras de mejoramiento de veredas en el sector de El Llano, en San Miguel. Todo esto el pasado 16 de junio.
A juicio de Rendón, si se hace una revisión general se podrían hallar más casos de este tipo. Por ello, pide que la PDI recabe los antecedentes de ésta y otra obra en construcción en Peñalolén, además de requerir a la Subsecretaría del Interior los permisos y autorizaciones otorgados a empresas del rubro; y citar a declarar a Galli.
“El Gobierno apunta a la ciudadanía como responsable de no acatar la cuarentena y anuncia elevadas penas, pero en la realidad es el mismo Gobierno el que está excepcionando arbitrariamente a diversas empresas. Esa arbitrariedad debe ser juzgada por los tribunales y esperamos se apliquen las máximas penas a las autoridades que manifiestan tal nivel de indolencia”, agregó.
