Región Metropolitana
Viernes 26 octubre de 2018 | Publicado a las 14:03
Acusan que sanitaria de Maipú lleva 0% en metas de 2018: municipio arriesga multa de $5 mil millones
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Hasta $5.700 millones podría tener que pagar la Municipalidad de Maipú como multa por incumplimientos en su Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa). Estas falencias, que son por los “bajos avances” de la ejecución de inversiones que fueron comprometidas en el Plan de Desarrollo para 2017-2018, fueron alertadas por un oficio del superintendente de Servicios Sanitarios (s), Gabriel Zamorano.

El Plan de Desarrollo cuenta con un prepuesto de $15 mil millones y su financiamiento es cobrado mensualmente a los vecinos. “A la fecha no se ha realizado ninguna obra comprometida para 2018”, indicó un análisis de la Asociación de Funcionarios de Smapa.

Sin embargo, no sería primera vez que tienen problemas. Según consignó El Dínamo, en 2013 tuvieron un rendimiento de 0%, los años siguientes llegaron al 97%, 95% y 71%, No obstante, en 2017 sólo alcanzaron un 5%.

De acuerdo al documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la empresa podría tener que pagar una multa entre $29 millones y $5.761 millones por incumplimiento.

“Se solicita a la empresa adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al Programa de Inversión comprometido (…). Esta superintendencia debe adoptar las acciones administrativas que la legislación establece para los casos de incumplimiento. Esto es sanciones de 51 a 10 mil Unidades Tributarias Anuales’”, señalaron.

El municipio fue ordenado a ejecutar las obras rezagadas de los años anteriores.

No es primera vez

La SISS ha advertido en varias ocasiones a Smapa por las falencias en su Plan de Desarrollo. Esta situación ha causado alarma en la Asociación de Funcionarios, quienes incluso le han pedido reuniones a Cathy Barriga y los concejales, para que en el presupuesto municipal se incluyan los recursos para todas las obras comprometidas y pendientes de 2016-2018. Sin embargo, acusan que la alcaldesa no ha respondido.

Además, desde el concejo señalaron que han presionado para que existan soluciones. “La alcaldesa es la única que puede decidir dónde inyectar recursos”, señaló el concejal Ariel Ramos.

Por su parte, la concejala Marcela Silva denunció que “no hay voluntad de la administración de hacer esas obras. Los fondos están, pero se están usando de mala manera, porque se ocupan para hacer decenas de eventos, pero para invertir en Smapa no hay”.

Problemas futuros

Si los problemas continúan a futuro, podría provocar que el municipio pierda la concesión que anualmente le genera entre $4 mil-$6 mil millones, recursos que se ocupan principalmente para financiar programas sociales.

La idea de este plan es que las concesionarias cumplan una serie de obras a través de un cronograma de inversiones. En caso de no cumplirlos, se pueden abrir procesos sancionatorios si es que existen faltas graves y recurrentes.

Rodrigo Peña, jefe de la Oficina Metropolitana de la SISS, explicó que en caso de incumplimientos, se abre un proceso administrativo que puede resolverse desde una absolución hasta una sanción millonaria.

Sin embargo, también se podría caducar la concesión si es que existen “fallas reiteradas en la calidad del servicio y a lo largo del tiempo, además del incumplimiento en los planes de desarrollo”.

Desde el Municipio de Maipú y Smapa descartaron entregar su versión al medio sobre estas alertas

Triunfo de Maipú

Pese a estos problemas, la Municipalidad de Maipú consiguió un triunfo ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y logró ahorrarle $30 mil millones al municipio, según consignó La Segunda.

De acuerdo a lo indicado en el medio, el municipio sólo deberá pagar cerca de $5 mil millones y no los $35 mil millones que les estaba pidiendo el SII por la empresa sanitaria Smapa. De este total, $3.467 millones eran por reajuste, $2.724 millones por multa y $23.164 millones por intereses moratorios.

Esto se logró tras un recurso de inaplicabilidad que presentó el municipio ante el Tribunal Constitucional. El organismo consideró la municipalidad no tiene responsabilidad en el atraso en el pago. “Se trata de una tardanza no imputable a la requirente, quien ha cumplido su labor al reclamar contra determinados actos”, señaló el organismo.

En tanto, Cathy Barriga indicó que “es un fallo histórico. Esta alcaldesa recurrió al TC para defender nuestro recursos fundamental y logramos el objetivo”.

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