La Universidad de Chile no podrá vender servicios al Estado durante dos años, debido a que no cuenta con los requisitos para ser proveedor en el sistema ChileCompra y participar de las licitaciones.
Según informó La Tercera en su edición impresa, esto se debe a que la casa de estudios fue condenada por infracción a la tutela laboral, lo que fue ratificado en mayo por la Corte Suprema. Según la ley 19.886 de compras públicas, sólo pueden ser proveedoras del Estado las personas naturales o jurídicas que no tengan condenas bajo ese ítem.
Desde la universidad se señaló de forma extraoficial que esta prohibición podría mermar las finanzas de la universidad en un 2%, pero no afectará el funcionamiento de docencia, investigación, el Demre y el Centro Sismológico Nacional, ya que cuentan con financiamiento vía Ley de Presupuestos.
Sólo el año pasado vendieron $12.874 millones mediante ChileCompra. Algunos los servicios prestados son la realización de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), como también estudios de diversa índole y capacitaciones y cursos cerrados para el sector público.
¿Por qué se generó la situación? Miguel Mendoza, profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios, denunció en 2004 ser víctima de vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y disminución de las remuneraciones, triunfando en la justicia.
