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Cuatro condenados por violación de derechos humanos durante la dictadura están prófugos en la región del Bío Bío a pesar de órdenes de captura vigentes desde hace más de dos años, relacionados con casos como Laja San Rosendo, Mulchén y Santa Bárbara. Destaca la búsqueda de Alberto Fernández y Mario Montoya por la matanza de Laja, así como de Juan de Dios Higueras por los crímenes en Mulchén. Familiares de las víctimas esperan que abogados activen la búsqueda ante los tribunales y las policías, expresando preocupación por la demora en hacer efectivas las penas y atribuyendo parte de la responsabilidad al Poder Judicial. Los abogados de la agrupación Masacre de Laja San Rosendo se aprestan a abordar este tema en Santiago la próxima semana con el fin de agilizar las diligencias para capturar a los prófugos.

Al menos cuatro condenados por violación de derechos humanos durante la dictadura se encuentran prófugos de la justicia en el Bío Bío, a pesar de las órdenes de captura en relación a fallos dictados hace más de dos años. Los familiares de las víctimas esperan que sus abogados activen ante los tribunales y las policías la búsqueda de los prófugos.

A nivel nacional los prófugos condenados en causas por violación de derechos humanos son una docena y al menos cuatro de ellos tiene relación con causas de la región del Bío Bío: los casos Laja San Rosendo, Mulchén y Santa Bárbara.

Por la matanza de Laja, con fallo definitivo hace casi un año, no han sido ubicados los ex miembros de Carabineros, Alberto Fernández y Mario Montoya, condenado a presidio perpetuo y 15 años de cárcel respectivamente.

El hijo de una las víctimas en este caso, Emilio Araneda, adelantó que los abogados de la agrupación van a ejercer acciones para agilizar la búsqueda, subrayando que se trata de una situación preocupante.

Otro de los prófugos es Juan de Dios Higueras, sargento (r) de Carabineros, condenado a 25 años de prisión por los homicidios y desapariciones de Mulchén. Una de las abogadas en este caso, Patricia Parra, confía en las gestiones para dar con el condenado, pero subrayando que la demora para hacer efectivas las penas pasa en cualquier sistema judicial.

El civil Luis Barrueto, quien recibió una pena de 10 años de cárcel en el caso Santa Bárbara, está prófugo desde hace más de dos años, cuando la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva. Consultado si se puede atribuir algo de responsabilidad por estas fugas al Poder Judicial, el abogado Patricio Robles respondió que efectivamente algo se hizo mal.

La próxima semana abogados por la Masacre de Laja San Rosendo representarían esta situación en Santiago, pidiendo agilizar las diligencias para cumplir las órdenes de captura de los prófugos.