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La Corte de Apelaciones de Concepción dejó fuera al GORE Bío Bío como querellante en el caso Molino Grollmus, desestimando la denuncia de ataque terrorista hecha por el gobernador Sergio Giacaman. Según la resolución, solo los delegados presidenciales tienen la legitimación para acciones legales en aspectos penales, tras la desaparición de las figuras del intendente y los gobernadores. Tanto Giacaman como la familia Grollmus aceptaron la sentencia, mientras la Delegación Presidencial Regional sigue en la causa sin invocar la Ley Antiterrorista, que ya tiene a 14 personas imputadas por delitos como incendio y porte ilegal de armas.

El gobernador Sergio Giacaman aceptó la resolución judicial que dejó fuera a su repartición como querellante en el caso Molino Grollmus, la cual había denunciado el hecho como un ataque terrorista.

Fue la Corte de Apelaciones de Concepción, de manera definitiva, quien dejó fuera como querellante en el caso, donde el GORE Bío Bío, había pedido investigar el atentado ocurrido el 2022 como un delito terrorista.

Lo que señalaron los ministros de la Cuarta Sala es que sólo los delegados presidenciales tienen la legitimación para ejercer acciones legales en el aspecto penal, atribución traspasada luego de desaparecer las figuras del intendente y de los gobernadores.

Cabe recordar que el GORE se hizo parte en la investigación cuando el gobernador era Rodrigo Díaz. Consultado su sucesor, Sergio Giacaman calificó esa querella como puramente mediática, al compartir los argumentos de la resolución judicial.

La familia Grollmus también aceptó la sentencia dictada por el tribunal de alzada, señalando Cristian Grollmus que agradecían la intervención en su momento del ahora ex gobernador regional y que esperaban que ante ataques terroristas las autoridades en el futuro invoquen la normativa recién aprobada.

Finalmente, la Delegación Presidencial Regional es querellante en la causa por el atentado al molino y la familia Grollmus, pero sin invocar la Ley Antiterrorista.

Hoy la investigación tiene a 14 personas imputadas y en prisión preventiva, pero por delitos como incendio, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de armas, entre otros.