Por autentificar firmas que no correspondían, un notario suplente de Los Ángeles fue formalizado por la justicia por infracción al Código Tributario en carácter de ilícito notarial.

Se trata de dos firmas que no correspondían a las personas que estaban suscribiendo contratos de compraventa de vehículos, lo que significó que los reales propietarios resultaran perjudicados en su patrimonio.

Así lo dio a conocer el fiscal Rodrigo Durán. El persecutor agregó que el notario suplente de la Segunda Notaría de la capital de la provincia de Bío Bío, Pablo Gándara Riveros, los días 18 de mayo de 2018 y 16 de diciembre de 2019, incumplió sus deberes como ministro de fe.

La ilegalidad se habría perpetrado cuando el imputado autorizó dos firmas como auténticas, siendo que en realidad no correspondían a las personas que, supuestamente, estaban suscribiendo los contratos de venta de sus vehículos.

El fiscal Durán explicó que las personas perjudicadas en ningún caso concurrieron a la notaría y no firmaron los documentos.

Fiscalía actuó de oficio por ilícitos perpetrados por notario suplente

El persecutor añadió que, el imputado cometió negligencias inexcusables al no haber ejercido su función con la dignidad y altura que corresponde a un auxiliar de la administración de justicia; incumpliendo su misión de resguardar la fe pública en las transacciones comerciales en que interviene, no respetando los procedimientos establecidos para autorizar las firmas de un instrumento privado.

“El Ministerio Público en este caso actuó de oficio. Toda vez que durante la investigación de estos dos delitos, se pesquisa un patrón común que es precisamente en la misma notaría, en fechas similares, cercanas, el mismo modus operandi; en el sentido que se atribuye la presencia de personas que no se encontraban en condiciones, ni siquiera de estar en Los Ángeles ese día. Esto motivó que de oficio se abriera una investigación por infracción al Código Tributario en carácter de ilícito notarial“, dijo Durán.

Según informó el Ministerio Público, al imputado no se le aplicaron medidas cautelares y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles otorgó tres meses de plazo para finalizar la investigación.