Una solicitud al gobernador Rodrigo Díaz hizo el diputado Sergio Bobadilla, en favor de los trabajadores desvinculados y que fueron calificados por el parlamentario como los primeros exonerados políticos del Gobierno Regional.

Los afectados descartan que la medida haya sido detonada por una mala evaluación laboral, apuntando más a un supuesto factor político.

Al menos cuatro recursos de protección han sido ingresados y admitidos a trámite en la Corte de Apelaciones de Concepción, acciones legales presentadas por algunos de los más de 20 funcionarios despedidos por el Gobierno Regional.

En todos se denuncia la falta de fundamento de la desvinculación, así como de la ilegalidad al haber puesto término a las contratas antes del plazo que es cada 31 de diciembre, además de haberse notificado el despido con fecha anterior al último día trabajado en la repartición.

A estas acciones legales, que afectaron a ex empleados públicos de la modalidad honorarios y contrata, se suma la solicitud que hizo el diputado Sergio Bobadilla al gobernador Rodrigo Díaz, calificando como exonerados políticos a los afectados.

La explicación entregada por el Gobierno Regional para justificar los despidos, es que se apuntó a los llamados trabajadores “ñoquis”, término que en Argentina aplica a funcionarios del Estado que sólo son vistos cuando acuden a cobrar sus sueldos a fines de mes, es decir, que no cumplen una labor conocida en la repartición pública.

Al respecto, Jorge Reyes, que se desempeñaba en la División de Fomento, aseguró que ese argumento es falso y por eso están pidiendo la reevaluación de los casos.

Otro de los funcionarios afectados por la desvinculación es Milton Alarcón, de la Unidad de Participación Ciudadana, quien fue categórico al denunciar que los despidos tuvieron motivaciones políticas.

No obstante, la consulta sobre las acciones legales y la petición realizada por el diputado UDI, desde el Gobierno Regional no se respondió ni se entregó una versión sobre el tema.