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El Instituto San Pedro, de San Pedro de la Paz, perdió el juicio de arrendamiento que enfrentaba, lo que obliga a la corporación sostenedora a pagar una millonaria cifra y a abandonar el recinto, a menos que se llegue a un acuerdo o el fallo sea revertido.
Los problemas iniciaron al cambiar la administración del colegio a una corporación, desde la sociedad que existía previamente. Lorena González, la actual administradora, ordenó que se evaluara la situación financiera, con lo que se descubrió un déficit de mil 600 millones de pesos, junto con irregularidades en cuanto a los dineros de la subvención escolar y el copago de los apoderados.
Esto fue respondido por los representantes de la Sociedad Educacional Instituto San Pedro Limitada, Julio Figueroa y Álvaro Hinojosa, quienes argumentaron que era esa entidad la dueña del inmueble del colegio, por lo que existía un contrato de arriendo con la corporación, el que no había sido respetado por esta, al no pagar desde septiembre de 2017 los 5 millones 464 mil pesos que correspondía mensualmente.
En su fallo del pasado 25 de julio, el Tercer Juzgado Civil de Concepción dio la razón a los demandantes, determinándose que la corporación deberá pagar por lo menos 114 millones por los arriendos que no han sido cancelados y otros 325 por la indemnización por perjuicios, al cesar el contrato de arriendo.
Más grave aún: al darse por terminado convenio, el tribunal dio 10 días, contando desde la notificación, a la corporación para restituir el recinto.
Lorena González recalcó que no van a permitir que los desalojen con sus 880 estudiantes, y que incluso marcharán en caso de ser necesario.
El abogado de la Corporación Educacional Instituto San Pedro, José Vargas, explicó que apelarán y también presentarán un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
La presidenta del Centro General de Padres, Sandra Valenzuela, manifestó que es necesario que los alumnos estudien en paz, sin la tensión que actualmente se vive por el posible desalojo.
El seremi de Educación, Fernando Peña, que encabezó un encuentro con los apoderados, indicó que ante la incapacidad del sistema de absorber tal cantidad de estudiantes, y con el objetivo de garantizar educación, en el peor de los casos espera que el Mineduc actúe.
Los antecedentes de la supuesta malversación de la subvención escolar y el copago de los apoderados se entregaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por parte de la Seremi, y al fiscal Nelson Vigueras, que ha sido blanco de críticas porque tras 14 meses no se ven avances. El representante del Ministerio Público declinó referirse a la situación, al igual que los cuestionados exadministradores.
