El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción admitió que el sumario contra la jueza de Familia de Tomé, abierto hace casi un año, se ha extendido más allá de lo aceptable.
En el intertanto, Gabriela Varela pidió el traslado a San Pedro de la Paz, solicitud rechazada por el tribunal de alzada, pero que será definida por la Corte Suprema.
A los reclamos por mal clima laboral en el juzgado de Familia de Tomé, que incluso llevaron a una intervención del tribunal a través de psicólogos, siguieron presentaciones de abogados por irregularidades en el desarrollo de las audiencias a cargo de la jueza Gabriela Varela, siendo las más graves las que daban cuenta de presiones a menores, conductas acreditadas incluso por la Corte de Apelaciones penquista.
No obstante que las primeras denuncias se hicieron a comienzos de 2018, no fue sino hasta la visita de una ministra de la Corte Suprema en octubre, que se ordenó la apertura de -al menos- dos sumarios contra la titular del juzgado tomecino, los que se han extendido más allá de lo que establece el acta 15 del máximo tribunal, según reconoció el presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Rodrigo Cerda.
Durante este tiempo, la cuestionada magistrada ha estado incluso suspendida del cargo, y en un intento por salir de Tomé, Gabriela Varela solicitó hace poco su traslado al Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, aprovechando la reciente vacante dejada por la hoy jubilada jueza Rosa Ester Yáñez.
La petición, sin embargo, fue rechazada por la Corte de Concepción, opinión remitida a la Corte Suprema, explicando el ministro Cerda que el informe negativo se debió a la mala evaluación que obtuvo la magistrada Varela cuando se desempeñó en el Juzgado de Yumbel, aunque la decisión definitiva será de los ministros del máximo tribunal en Santiago.
En el intertanto, el futuro de las investigaciones y el de la propia titular del Juzgado de Familia de Tomé podría resolverse la próxima semana, cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones revise las conclusiones de los dos sumarios, uno a cargo de la fiscal judicial Silvia Mutizábal y otro de la ministra María Leonor Sanhueza.
