Una funcionaria del Servicio Nacional de Menores del Bío Bío aportó nuevos antecedentes a la investigación administrativa en contra la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, dando cuenta de conductas que vulnerarían los derechos de niños y niñas respecto de quienes el juzgado debía dictar medidas de protección.
Fue la supervisora técnica, Susana Córdova Ponce, quien en una declaración ante la Fiscalía Judicial dio cuenta de su experiencia con la investigada magistrada, ratificando el cuestionado trato a menores.
Ante la gravedad del testimonio, este fue remitido a la Corte de Apelaciones de Concepción para las medidas que corresponda. Hechos que se dan en el marco del sumario que desde el año pasado se desarrolla contra Gabriela Varela.
Además, el Pleno del tribunal de alzada recibió una copia del fallo de la Tercera Sala -dictado el año pasado- donde se acredita la conducta de la titular del Juzgado de Familia de Tomé respecto de tres hermanos, a quienes la magistrada presionó indebidamente para que admitieran ser víctimas de maltratos físicos de parte de sus padres, amenazándolos que si no ratificaban la denuncia podrían ser violados o incluso asesinados.
Todos estos antecedentes, junto a informes redactados por las ministras María Leonor Sanhueza y Yolanda Méndez están siendo analizados por el Pleno de la Corte penquista para resolver eventuales nuevas medidas disciplinarias contra la jueza de Tomé o bien solicitar a la fiscal judicial, Silvia Mutizábal, la reapertura de la investigación administrativa.
