La fiscal regional del Bío Bío se inhabilitó en la querella por desacato contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción, por su vínculo con una de las juezas denunciadas. Se espera que ahora la Fiscalía Nacional designe al persecutor que deberá investigar la inédita acción legal.
Tal como lo estaba solicitando el querellante, el exjuez Leonel Castro, será otra fiscalía regional, distinta a la del Bío Bío, la que investigue el desacato denunciado contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Castro imputó el delito a quienes fueron sus superiores jerárquicos por no haber investigado internamente en 2015 el hurto de un teléfono celular cuando era titular del Juzgado de Garantía de Cabrero.
Tras ser acogida a trámite la acción legal y remitida a la Fiscalía de Concepción, el exmagistrado pidió la inhabilidad del Ministerio Público a nivel local, pero no sólo por ser su jefa, Marcela Cartagena, nuera de una de la ministras del tribunal de alzada, sino por otros persecutores familiares también de miembros de la corte denunciada.
Consultada sobre esta situación, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, confirmó la inhabilidad planteada por el querellante, situación explicada al fiscal nacional Jorge Abbott, para que la investigación se desarrolle en otra región.
Será entonces el Ministerio Público en Santiago el que designe al fiscal que deberá abocarse a la inédita y polémica investigación, que ha afectado el funcionamiento de la corte penquista a raíz de la inhabilitación de ministros para tramitar causas donde la Fiscalía es parte.
Sin embargo, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, sostuvo que al no haber expresado todos los miembros del tribunal de alzada su imposibilidad para intervenir en procesos penales, hay jueces suficientes para permitir la vista de los recursos.
Para la Fiscalía Regional del Bío Bío, no obstante, la situación podría incidir en el normal trámite de las causas y por eso está pidiendo al presidente de la corte, el ministro Rodrigo Cerda, tomar medidas para evitar que demoren las resoluciones.
