Casi mil millones de pesos fue el costo de la visita a China organizada por el Gobierno Regional en agosto de 2017, con el objetivo de promover al Bío Bío en la provincia de Hubei, iniciativa conocida como Bío Bío Week y que fue liderada por el entonces intendente Rodrigo Díaz.
El monto fue determinado por la Contraloría Regional, constatando una serie de irregularidades en el uso de esos recursos, y de las que se responsabilizó tanto a reparticiones públicas como privadas, entre que se cuentan tres universidades presentes en la zona: la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Desarrollo y Universidad San Sebastián, además de las empresas a las cuales se licitaron las actividades en la ciudad de Wuhan.
A raíz de los gastos cuestionados -por la licitación, el pago de viáticos, por personas que nunca viajaron a China y actividades que nunca se realizaron-, el organismo contralor ordena la devolución de millonarios recursos, medidas disciplinarias para los empleados fiscales responsables del mal uso de los fondos y -sobre las situaciones más graves- será la misma Contraloría la que iniciará un sumario administrativo.
Las conclusiones están contenidas en un lapidario informe solicitado por el empresario y exconcejal en Concepción, Jorge Condeza, quien aseguró que está demostrado que el viaje pudo concretarse por la mitad del valor.
“Las autoridades anteriores deben dar respuestas concretas (sobre) el porqué de este despilfarro de recursos públicos”, afirmó Condeza.
Entre los cuestionamientos están la licitación directa del programa a la empresa Asia Reps, que además no realizó todas las actividades comprometidas; el pago de viáticos por sobre lo que correspondía y desde tres universidades invitadas -la Católica de Concepción, del Desarrollo y San Sebastián- gastos no rendidos y realizados sin la cotización requerida, por ejemplo, de pasajes aéreos.
Para el consejero Luis Santibáñez, vicepresidente del Comité de Desarrollo Productivo del Bío Bío, en las materias observadas existen desde faltas administrativas a eventuales ilícitos, por lo que en este último aspecto llamó a que el Gobierno Regional y el intendente Jorge Ulloa entregar los antecedentes al Ministerio Público.
“El intendente, junto con el Gobierno regional van a tener que analizar profundamente este informe”, expuso Santibáñez.
No obstante lo anterior, es el mismo contralor regional, Ricardo Betancourt, quien envió el informe al Consejo de Defensa del Estado, deslizando la posible comisión de delitos, mientras que respecto de las irregularidades ordena medidas disciplinarias para los responsables y el inicio de un sumario administrativo que estará a cargo de la misma Contraloría.
