Una avalancha de demandas laborales se prevé luego de los despidos en distintas reparticiones de Gobierno, 200 de los cuales se concretaron en el Bío Bío.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) confía que se repitan fallos de los Tribunales, ordenando la reincorporación de los funcionarios desvinculados.
Si bien el primer paso fue pedir a la Contraloría un pronunciamiento sobre la legalidad de los despidos, 2.500 a nivel nacional, el segundo es que cada uno de los afectados recurra al Juzgado del Trabajo.
En efecto, según señaló la presidenta de la ANEF en el Bío Bío, Lorena Lobos, los Tribunales han sido constantes en declarar injustificados las desvinculaciones de los trabajadores a contrata al no fundamentar el motivo de la medida, y, por lo tanto, ordenando que a algunos se les devuelva su cargo.
Por eso es que si la vía administrativa no prospera, será la judicial la que invoquen los 200 despedidos en la región, donde a algunos se les ha reconocido la ilegalidad del despido y a otros reparándolos con el pago de las indemnizaciones que corresponda.
Este último fue el caso de una trabajadora de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, a la que se obligó cancelar los años de servicio, según la sentencia obtenida por los abogados Marcelo Parodi e Ignacio Sapiaín.
Consultado este último por los casos donde se ordena la restitución del empleo, Sapiaín mencionó, sin embargo, que se trata de una resolución con un efecto temporal, pues lo que hace el Gobierno es devolver el cargo sólo de manera temporal.
Habrá que esperar entonces a lo que resuelva primero la Contraloría tras la presentación de la ANEF y luego las demandas por despido injustificado o, en algunos casos, denunciando derechamente una desvinculación política, como adelantó el gremio respaldado por diputados de oposición.
