Este jueves fue presentada la primera demanda civil contra el Estado por la llamada matanza de Laja-San Rosendo, donde los hermanos de Juan Villarroel Espinoza piden casi un millón de dólares como indemnización. Además, se descartó, por ahora, que se busque la responsabilidad también de la CMPC.
La exhibición se hizo al adherirse el abogado Adolfo Montiel a la acusación del ministro Carlos Aldana, quien inculpó a 14 exmiembros de Carabineros y a tres civiles, exejecutivos de la papelera, como autores y cómplices en la ejecución de 19 trabajadores de la CMPC y de Ferrocarriles del Estado.
El abogado, quien representa como querellantes a los siete hermanos de Juan Villarroel Espinoza, puntualizó que sus clientes solicitan para los acusados las penas máximas que establece la ley, esto por los delitos investigados en esta emblemática causa por violación de derechos humanos durante la dictadura.
La acusación también incluye la arista civil, demandando al fisco la reparación de los daños para los hermanos del exoperario de la papelera de Laja, perteneciente a la CMPC, y que son estimados en 700 millones de pesos, 100 millones de pesos para cada uno de los querellantes.
Montiel explicó que la demanda no apuntaba al grupo empresarial porque al momento de los crímenes de lesa humanidad, las personas jurídicas no eran responsables por los actos de sus empleados.
“Nosotros demandamos a nombre de la familia Villarroel solamente al Estado representado por el Consejo de Defensa”, afirmó.
Se espera que el fallo de primera instancia en esta emblemática causa por violación de derechos humanos en la dictadura, sea dictado por el ministro Aldana durante el primer semestre del 2019.
