La CUT acudió a tribunales en Concepción en favor de un trabajador de los empleos de emergencia, pidiendo que se entregue a estas personas los beneficios que establece la Ley Laboral, por ejemplo, la indemnización por años de servicio.

Se busca en definitiva sentar un precedente con la acción legal, ante la posibilidad de que se termine el programa en la región del Bío Bío.

Esta semana, cuando ha surgido la posibilidad de que el Gobierno ponga fin a los cupos de pro empleo en el Gran Concepción, un beneficiario del programa en Coronel recurrió a los tribunales de justicia pidiendo se ordene al Estado cumplir con lo que establece la Ley Laboral, como respecto de cualquier trabajador.

El caso es el de Carlos Villarroel, quien por 17 años se desempeñó en el Sence a través de un cupo para empleos de emergencia, explicando el presidente provincial de la CUT, Sergio Gatica, que lo que se busca con la acción legal ingresada en el Juzgado del Trabajo es que en caso de despido se obligue el pago por años de servicio.

Además, agregó el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, es que con la demanda se siente un precedente que reconozca los derechos de quienes se han desempeñado por años en los programas de emergencia en una situación de discriminación.

Pero también se denuncia que a los trabajadores pro empleo se pasan a llevar derechos garantizados por la Constitución y que en el caso de Villarroel sí se vulneraron, como -por ejemplo- que no obstante percibir un sueldo por debajo del mínimo se le prohibiera tener otra ocupación al margen del programa, explicó el abogado Ulises Medina.

La demanda presentada por la CUT debe ser acogida a trámite por el Juzgado del Trabajo y programarse la preparación del juicio, de cuyo resultado dependerá que se puedan seguir presentando acciones legales si es que se concreta el término de los cupos para cientos de personas en el Gran Concepción.