Una demanda civil contra el Estado, pidiendo el pago de 350 millones de pesos, deberá resolver la nueva ministra en visita para causas por torturas en Concepción, acción legal presentada en el marco de la querella contra dos ex miembros de la PDI acusados de haber violado los derechos humanos de un menor edad en 1984.
Se trata del caso de Carlos Maureira, quien a los 17 años fue detenido por Investigaciones y vinculado con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Durante su paso por el cuartel de la PDI fue sometido a distintos apremios, entre ellos aplicación de electricidad, situación denunciada al año 2013 y por la cual fueron procesados dos exdetectives.
Hoy los exfuncionarios Hernán Fernández y Antonio Calibar están acusados por violación de derechos humanos y en ese marco la abogada de la víctima, Patricia Parra, presentó la demanda contra el Fisco pidiendo 350 millones de pesos como indemnización para su representado.
Se trata de una de las 17 causas que deberá fallar la recién designada ministra en visita Yolanda Méndez, distintas a las que tramita el otro juez para delitos de lesa humanidad, Carlos Aldana, por homicidios y detenidos desaparecidos, según explicó el presidente de la Corte de Apelaciones penquista, César Panés.
La ministra Méndez fue nombrada por la Corte Suprema, que en los próximos días podría otorgar dedicación exclusiva, de manera que la magistrada agilice los sumarios que hasta la semana pasada estaban en manos de la jueza Margarita Sanhueza, titular del Primer Juzgado Civil de Concepción.
