Sobreprecios de $4 mil millones: exigen sanciones contra autoridades por contratos con San Nicolás SpA

Tras los 5 informes de la Contraloría General de la República (CGR) que revelaron irregularidades en la gestión de recursos durante el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Valparaíso, se mantienen los cuestionamientos hacia la diputada electa del Partido Comunista (PC), Sofía González, quien fue la delegada presidencial regional de Valparaíso durante la catástrofe. Misma situación afecta a Yanino Riquelme -hoy delegado presidencial-, quien se desempeñó como seremi de Obras Publicas en la emergencia.

Según el ente contralor, González suscribió seis contratos con la empresa San Nicolás SpA para arriendo de maquinaria pesada, entre ellas camiones tolva, retroexcavadoras, entre otras, para el retiro de escombros en turnos de día y noche. Justificado por la emergencia, se realizó vía trato directo por un monto total de $6.725.655.566.

Información de la cual Contraloría -según documentos a los que tuvo acceso La Radio- tomó razón el 10 de enero de 2025, cuando emitió su resolución hacia la Subsecretaría del Interior.

No obstante, dicha empresa presentó diferentes irregularidades en su proceso de contratación, partiendo por la composición de la compañía, dado que solo 3 personas la componían: Pedro Briones González, 43 años; Catalina Jara Briones, de 24 años; y Tomás Avilés Tillería, de 20 años. Este último figura como representante y accionista principal de San Nicolás SpA.

La empresa fue constituida recién en 2021, y habría sido tomada por Avilés desde 2023 cuando recién tenia 18 años.

Entre los mayores cuestionamientos al contrato de San Nicolás con el Estado, se encuentra que no hubo una evaluación de la idoneidad técnica, que no se pidieron boletas de garantías y que la empresa no contaba con maquinaria propia ni trabajadores.

Por ello, de manera informal, la misma subcontrató otras empresas -por montos inferiores a lo que se les pagó- para cumplir con la totalidad de los servicios, lo que no está permitido en contrataciones de trato directo.

Las diferencias de los pagos alcanzaron hasta un 557,89% por turno. El sobreprecio equivalente a más de $4 mil millones, considerando los valores más altos.

San Nicolás tiene más de 30 contratos con el gobierno, el primero de ellos fue suscrito en julio de 2023 con la Delegación Presidencial del Bío Bío, liderada por el Frente Amplio, quienes habrían recomendado el servicio de la compañía.

Cabe destacar que además en ese tiempo la Subsecretaría del Interior era liderada por Manuel Monsalve, quien es oriundo de la región del Bío Bío (siendo esta cartera la que está a cargo de las delegaciones presidenciales).

Otra de las principales figuras cuestionadas en el informe de Contraloría es Yanino Riquelme, quien fue en ese entonces el Seremi de Obras Públicas. Habría recomendado los servicios de la empresa San Nicolás SpA.

Fue la Directora Regional de Arquitectura del MOP quien se contactó con la misma empresa para conocer detalles de su espalda económica y garantía, y así asegurar el contrato por más de $7 millones por cada vivienda.

Sin mayores declaraciones de los investigados, más que atenerse a esperar las diligencias, quien sí ha sido crítico es el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien indicó que todo lo sucedido requiere sanción hacia las autoridades responsables, ya que no es un contrato que se puede pasar por alto.

“Pecaría de ingenuo al decir que me parece correcto. Muy por el contrario, me parece que es completamente improcedente, que es reprochable. Y requiere sanción. La explicación no puede ser ‘no nos dimos cuenta’“, aseveró.

A pocos días de asumir el próximo gobierno, el futuro Ministro de Vivienda, Ivan Poduje, adelantó que como Ministerio se van a querellar contra quienes resulten responsables, asegurando en conversación con La Radio que van a perseguir responsabilidades hasta el final, ya sean políticos, empresas o particulares.

“Nos parece absolutamente impresentable. El presidente (electo, José Antonio) Kast, ha sido súper claro respecto a que los recursos deben gastarse bien, son escasos, y que la dignidad de las personas está primero”, criticó.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos”, sostuvo.

Ahora resta conocer si es posible una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), considerando que la Contraloría le hizo llegar los respectivos informes.

Voces expertas han advertido sobre la posibilidad de la configuración del delito de fraude al fisco por la millonaria contratación sin mayores controles por parte de la Delegación Presidencial, encabezada entonces por Sofía González. No obstante, la hoy diputada electa del PC ha asegurado la existencia de sumarios antes de su renuncia al cargo, pero no entregó detalles de los resultados de estos procesos.