La Bancada de Diputados del Partido Republicano anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar las irregularidades detectadas en la contratación de servicios tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso.
La acción se presentará una vez iniciado el nuevo periodo legislativo y apunta a esclarecer los antecedentes observados por la Contraloría General de la República en los trabajos de emergencia, particularmente un trato directo por más de $6 mil millones adjudicado por la Delegación Presidencial Regional.
Según los parlamentarios, el foco estará en los contratos suscritos durante la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada electa por el Partido Comunista, Sofía González, con la empresa San Nicolás.
De acuerdo con los antecedentes difundidos en las últimas horas, la firma —constituida en 2021 y dirigida por un joven de 20 años— no contaría con experiencia en el rubro, ni con maquinaria o personal para ejecutar las labores comprometidas, que incluían remoción de escombros y demolición de viviendas siniestradas, principalmente en el sector El Olivar.
El diputado por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, calificó la situación como “francamente escandalosa”, cuestionando que “se estuvieran entregando miles de millones de pesos a una empresa sin experiencia”, en medio del proceso de reconstrucción tras la emergencia.
El legislador agregó que, según lo informado por distintos medios, la empresa tendría un domicilio que correspondería a un centro de estética y que no contaba con los recursos materiales necesarios para los trabajos adjudicados.
Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Distrito 6) sostuvo que los hechos son “de la máxima gravedad” y que deben ser investigados tanto en el ámbito penal como político, considerando que una de las autoridades involucradas actualmente fue electa para integrar la Cámara.
En esa línea, la parlamentaria indicó que la comisión buscará “develar las responsabilidades políticas” por las irregularidades detectadas por el organismo contralor.
Desde la bancada señalaron que esperan que la solicitud sea respaldada por la Sala, argumentando que los habitantes de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar —zonas gravemente afectadas por el siniestro—, así como el país en su conjunto, deben conocer el destino de los recursos públicos destinados a la emergencia.
Enviando corrección, espere un momento...
