La igualdad se demuestra en vidas protegidas y derechos efectivos. Bajo destrucción y control permanente, el lenguaje jurídico opera como maquillaje político, que los propios hechos se encargan de desmentir cada día.

La columna del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, es una operación política orientada a encubrir responsabilidades. Presenta a su gobierno como garante de igualdad jurídica y sitúa a la Autoridad Palestina como infractora permanente. Ese relato distorsiona los hechos y exige una respuesta clara y frontal.

Israel ha reducido Gaza a escombros, ha desplazado masivamente a su población y ha masacrado a más de 72.000 palestinos desde octubre de 2023, entre ellos más de 17.000 niños. Organismos internacionales y expertos han calificado estos hechos como genocidio conforme a la Convención de 1948 adoptada por la ONU y que define y sanciona ese crimen.

Además, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esa es la dimensión real que la columna del embajador intenta encubrir.

Frente a ese escenario, Lewi también menciona los Acuerdos de Oslo como si aún fueran un pacto vigente y equilibrado. Israel los convirtió en letra muerta a través de la expansión sistemática de asentamientos ilegales y la consolidación de su control sobre el territorio palestino. Utilizarlos hoy para acusar supuestos incumplimientos palestinos es una manipulación evidente de la historia.

Aun así, el embajador insiste en la existencia de “un marco legal que trata a todas las personas por igual”, una afirmación brutalmente desconectada de la realidad. Gaza permanece devastada, con barrios reducidos a polvo y una población obligada a desplazarse una y otra vez.

La igualdad pierde sentido sobre un territorio arrasado y ningún argumento puede legitimar una destrucción humana y material de esta magnitud.

La acusación contra la Autoridad Palestina por la destrucción de patrimonio y daños ambientales sigue el mismo patrón. Israel controla el territorio, la planificación y la fuerza. Bajo ese control Israel demuele, se expande y decide quién permanece. Resulta difícil no advertir el contrasentido de atribuir responsabilidades a la población ocupada, mientras la potencia ocupante ejerce el control total y efectivo sobre el territorio.

Lewi exige estándares más altos para los palestinos y habla de indulgencia internacional con la Autoridad Palestina. Pero es Israel el que acumula decenas de resoluciones de Naciones Unidas sobre ocupación y asentamientos que siguen sin cumplirse.

El supuesto alto al fuego anunciado en octubre de 2025 suma más de 1.600 violaciones documentadas. Resulta llamativo escuchar lecciones de cumplimiento desde un Estado que arrastra ese historial. Y la verdadera indulgencia ha favorecido al Estado de Israel, el cual jamás ha sido castigado por los innumerables crímenes cometidos en 77 años de ocupación.

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Presentar a Israel como garante de igualdad jurídica en medio de una devastación masiva y de acusaciones formales de genocidio, exige una alta cuota de cinismo. La igualdad se demuestra en vidas protegidas y derechos efectivos. Bajo destrucción y control permanente, el lenguaje jurídico opera como maquillaje político, que los propios hechos se encargan de desmentir cada día.

El embajador lleva pocos meses en Chile. Con el tiempo comprenderá que en este país existe una ciudadanía que lee con atención, que contrasta fuentes y que reconoce una distorsión o una falsedad cuando la ve. Sería prudente que, en futuras intervenciones, se evite menospreciar la capacidad intelectual de los lectores al nivel que su artículo refleja.