Sobreprecios de hasta 378%: las irregularidades que golpean a autoridades de Valparaíso tras incendios

Como la punta del iceberg calificaron los damnificados del megaincendio de la región de Valparaíso las irregularidades detectadas por parte de la Contraloría General de República (CGR), respecto a la gestión de los recursos empleados en el contexto de los fatídicos 2 y 3 de febrero de 2024. Adviertieron que los montos podrían ser “escandalosamente superiores”.

Tal como informó Radio Bío Bío y BioBioChile, se conocieron cinco informes de auditorías efectuados por el órgano contralor, donde figuran la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura.

Pero vamos por partes, ¿en qué consisten esas irregularidades? Por ejemplo, en la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso se detectaron pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones.

A continuación, enumeramos unas cuantas falencias:

Se detectaron pagos por más de $125.000.000 a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA por 49 turnos de camiones tolva no ejecutados, cuya prestación no se encuentra acreditada.

Se constataron transacciones con la empresa San Nicolás SpA por más de $335.000.000 correspondientes a 495 turnos de bateas, respaldados con fotografías, lo que impide verificar su efectiva instalación.

En definitiva, se advirtieron sobreprecios en los pagos por arriendo de maquinaria pesada a las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA, con diferencias de hasta un 220% y 378,22%, respectivamente, en relación a servicios equivalentes contratados por otra entidad pública en el contexto de la misma emergencia, lo que representa posibles sobreprecios que superan los $2.725.000.000 y $453.000.000.

Irregularidades por megaincendio en Valparaíso: Damnificados dicen que montos podrían ser mayores

Para Jaime Mella, vocero de la ONG sobrevivientes del megaincendio, esta cifra no representa la totalidad de la afectación, sino que es tan solo lo fiscalizado hasta la fecha.

Se han revelado “irregularidades entre pagos sin respaldo, sobreprecios, cobros indebidos. Pero seamos claros: esta cifra no es el total del daño, es sólo lo que hasta hoy la Contraloría ha auditado“, advirtió.

¿Qué respondió la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso? Que se encuentra preparando las respuestas a los requerimientos que han sido solicitados por la Contraloría, “en los plazos y formas indicados”. Así, también indicaron el inicio de una serie de sumarios, los cuales permanecen en curso para determinar eventuales responsabilidades y sanciones.

Cabe recordar que en ese entonces la DPR estaba a cargo de Sofía González, actualmente diputada electa por el distrito 6, cuyo informe abarca entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

Con todo esto, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades respectivas, por lo que la institución cuenta con 10 días hábiles para entregar los expedientes. Asimismo, todos estos antecedentes serán remitidos a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al escrito emanado desde la DPR, recalcando la “plena disposición” de la delegación para entregar la información requerida “oportunamente” en relación a la indagatoria.

Auditoría en Viña del Mar golpea a Macarena Ripamonti

Recapitulando los hechos en torno a las principales comunas afectadas por la catástrofe, la Contraloría dio cuenta que entre el 2 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025, en Viña del Mar no se entregaron 1.280 actas de entrega solicitadas que habían sido solicitadas por la comisión fiscalizadora. Esto impidió la verificación de la totalidad de los beneficios entregados. La Municipalidad tiene 60 días hábiles para entregar el documento Excel con las actas respectivas.

También se advirtió que el municipio no elaboró un manual de procedimientos que orientara las labores administrativas a ser ejecutadas bajo el contexto de la entrega de beneficios a las personas afectadas por el incendio, lo que de -acuerdo al ente contralor- es posterior a la emergencia misma.

Adicionalmente, se registran errores en las fichas FIBE, a lo que se suma que personas sin FIBE recibieron beneficios, lo mismo que funcionarios municipales que no contaban con los respaldos suficientes.

A raíz de dichas irregularidades, el municipio deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades, teniendo que remitir la documentación que lo instruye a Contraloría en máximo 15 días hábiles.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al informe, asegurando que no iban a dejar de entregar ayuda por falta de carnet de los damnificados.

Irregularidades millonarias en Quilpué

En la casa consistorial de Quilpué, entre el 2 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025, se constató la adquisición y distribución de 382 cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por casi 15 millones de pesos, infringiendo la normativa vigente.

El municipio de Quilpué igual deberá iniciar un sumario a fin de determinar las responsabilidades correspondientes, contando con 15 días hábiles para remitir los documentos que lo instruyen a Contraloría.

A esto se suma la falta de 4.912 actas de entregas de beneficios y también errores básicos en registros, sumado a entrega de beneficios a personas sin FIBE. Además, existe una diferencia de 4.245 artículos entre lo adquirido por el municipio y lo entregado a los damnificados.

La alcaldesa actual, Carolina Corti, responsabilizó completamente a su predecesora, Valeria Melipillán, pese a que el informe de Contraloría también abarca la administración comunal actual.

Demolición de viviendas en El Olivar: trabajos no verificables

En cuanto a la demolición de viviendas en El Olivar, sector fuertemente afectado por las llamas en Viña del Mar, encargado a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se registra que se encomendó la labor a la empresa San Nicolás SpA, pagando $782.939.080 por 209 demoliciones ($7,3 millones por casa), sin acreditar su ejecución con los términos de referencia correspondientes. En 75 casos se presentaron fotografías repetidas o registros que no permiten identificar el inmueble como prueba.

A raíz de esto, se deberá iniciar un sumario administrativo y los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

La misma dirección autorizó un pago improcedente a la empresa Excavaciones SpA por $434.112.000, correspondiente a la demolición de 114 viviendas, cada uno por $3.808.000. En 154 casos entre ambas empresas se aprecian irregularidades en las fotos entregadas como “antes” y “después” en las viviendas a intervenir.

A raíz de las dichas irregularidades también se instruyeron los respectivos sumarios administrativos.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que el Gobierno entrante de José Antonio Kast llegará hasta las últimas consecuencias para clarificar lo informado por el ente contralor.

“Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente”, aseveró.

Ahora resta esperar si se producen más reacciones en torno a estos informes emanados por parte de la Contraloría General de la República desde el poder central, quedando tan solo este mes como el último destello de la administración del presidente Gabriel Boric antes del cambio de mando.