Recientemente, Contraloría liberó un informe donde evidenció irregularidades en el uso de recursos destinados al megaincendio de Valparaíso, ocurrido en 2024. Una de las entidades fiscalizadas fue el municipio de Quilpué.
En cuanto a dicha municipalidad, el Informe N°535 de 2025 evidenció gastos improcedentes, tras analizar datos desde febrero de 2024 —bajo la administración de Valeria Melipillán— hasta abril de 2025 —administración de Carolina Corti—.
Además, se detectó el extravío de bienes donados, deficiencias en la entrega de ayudas a familias damnificadas y la compra de cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
A ello se suman falencias en la gestión de personal y proyectos asociados a la emergencia, por lo que Contraloría ordenó iniciar procesos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
Indignación de actual alcaldesa
Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué, señaló que “este informe de Contraloría solo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada. Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior”.
“Hacemos un llamado a que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público”.
Cabe destacar que en el informe de Contraloría, no se detallan qué irregularidades se cometieron bajo el periodo de Nieto, y bajo el periodo de Corti.
“Aquí lo que comprobamos es que se jugó con el dolor de más de 1.700 familias damnificadas, muchas de ellas que incluso perdieron a sus seres queridos. Aquí hubo una falta de humanidad tremenda, ineptitud en la administración de la emergencia, por eso es tan importante el informe de Contraloría y que finalmente el Ministerio Público investigue posibles responsabilidades penales”, finalizó la jefa comunal.
Finalmente, Corti detalló que “el municipio ya ha adoptado medidas, generado procedimientos y estandarizado procesos destinados a resguardar la transparencia, legalidad, oportunidad y eficiencia en la gestión de recursos y apoyos en tiempos de normalidad y también en emergencias”.
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