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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República confirmó irregularidades graves en food trucks en Avenida Perú, Viña del Mar, tras denuncias de la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero. El informe detectó incumplimientos a ordenanzas, permisos sin respaldo, falta de fiscalización y prácticas como mesas ilegales y horarios extendidos. Se ordenó al municipio sumario y medidas inmediatas. La Fundación destacó el respaldo a denuncias comunitarias y pidió transparencia. Concejal valoró el informe y llamó a resolver la situación.

La Contraloría General de la República confirmó irregularidades graves y reiteradas en el funcionamiento de food trucks en Avenida Perú en Viña del Mar, tras acoger denuncias de la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero.

El informe del organismo fiscalizador ordenó al municipio viñamarino iniciar un sumario administrativo y adoptar medidas inmediatas.

El pronunciamiento da cuenta de incumplimientos a ordenanzas municipales, permisos sin respaldo administrativo y una deficiente fiscalización, además de prácticas como la instalación ilegal de mesas y sillas, la extensión irregular de horarios, la falta de control de ruidos y la ausencia de sanciones, lo que afecta el uso del espacio público y la calidad de vida de residentes en el borde costero.

En este sentido, la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero señaló que el pronunciamiento ratificó las denuncias sostenidas por la comunidad durante meses y reiteraron el llamado a que el municipio cumpla íntegramente las instrucciones de Contraloría, garantizando transparencia, control efectivo y respeto por el espacio público.

Así lo comunicó la vocera de la agrupación, María Adela Baeza.

Por su parte, el concejal José Tomás Bartolucci valoró el informe de Contraloría, señalando que confirma una problemática que ha sido planteada reiteradamente en el Concejo Municipal.

De esta manera, el informe de la Contraloría obliga ahora al municipio a adoptar medidas concretas y abrir un procedimiento disciplinario, mientras vecinos y organizaciones anuncian que mantendrán el seguimiento al cumplimiento de las instrucciones del órgano fiscalizador.