Frente a la situación que se vive actualmente respecto a la sequía, el senador Francisco Chahuán, le solicitó personalmente al ministro de Agricultura, Antonio Walker, que decrete zona de catástrofe para la región de Valparaíso.

El jefe de la cartera se comprometió a barajar la posibilidad con el ministerio del interior.

La solicitud surgió de una conversación donde el parlamentario expuso la crisis hídrica que se registra actualmente en la región de Valparaíso, principalmente en la zona interior.

El parlamentario llegó a la cita acompañado de los alcaldes de Papudo y San Esteban, comunas que no han sido consideradas dentro de las medidas anunciadas para enfrentar la emergencia agrícola por la sequía.

Frente a esto, solicitó personalmente al ministro de Agricultura, Antonio Walker, que decrete decrete zona de catástrofe para la región, indicando que si no se toman medidas ahora, se podría estar ante el riesgo de la falta de abastecimiento de agua para el consumo humano, incluso a mediano plazo.

“Los alcaldes que me acompañan han pedido que se pueda abrir una línea de financiamiento adicional para aquellos que no tienen financiamiento de Indap o Prodesal”, afirmó.

Al respecto, Walker se mostró abierto a dar soluciones concretas, indicando que si bien hay anuncios por parte del Gobierno, no son suficientes.

Además, se comprometió a evaluar con el Ministerio del Interior la posibilidad de decretar zona de catástrofe para la región de Valparaíso.

“Estamos haciendo todas las gestiones posible y lo vamos a hablar con el ministro del Interior y vamos a ver si amerita hacerlo”, indicó.

En esa línea, tampoco descartó que en los próximos días se disponga de predios en otras zonas o regiones del país para el traslado de animales a mejores condiciones de alimento y agua.

El decreto de zona de catástrofe “es un estado de excepción constitucional” declarado por el Presidente de la República ante alguna situación de “calamidad”.

En ese sentido, el mandatario “podrá restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, y las libertades de trabajo, de información y de opinión, y de reunión. Podrá también disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias”.