El alcalde de Llay Llay Edgardo González, se presentó ante la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, planteando que la comuna se encuentra en crisis.

El 40% de las hectáreas cultivadas de los pequeños y medianos agricultores han dejado de ser plantadas por falta de agua. Los caudales de los canales de la comuna también bajaron cerca de un 40% y hay tres sistemas de agua potable rural que están funcionando al límite de agotarse.

La autoridad planteó a los senadores que los derechos de agua son una problemática permanente, señalando que casi el 100% de la propiedad le corresponde a dos o tres personas, lo que deja en desbalance a los pequeños y medianos agricultores en la repartición del recurso. A su vez, manifestó que la actividad agrícola a gran escala está desregulada, y la escasez hídrica amerita cambiar las políticas públicas en la materia.

El alcalde Edgardo González, expuso que el Plan Petorca y los estudios de licitación para crear embalses en la región, no son medidas suficientes para dar solución al panorama, criticando que la inversión no llega a Llay Llay.

“Nos sentimos bien dejados de lado de parte de las autoridades de Gobierno. Sentimos que la inducción, que el manejo y que la gestión pública del gobierno ha sido deficiente. Planteamos, derechamente, la poca inversión en los canales de la comuna”, aseveró González.

En la misma línea, mostró preocupación por la actividad agrícola indicando que cerca de 600 pequeños y medianos agricultores riegan con agua superficial, y que actualmente la baja de los caudales no permite que se desarrollen.
que están a uno o dos años de tener que dejar de regar sus plantaciones.

“Yo creo que con uno o dos años seco más no va a poder seguir regando, eso es terriblemente complejo y preocupante, y estamos hablando de una cosa muy básica que tiene que ver con el agua”, indicó el jefe comunal.

Respecto de otras alternativas, el alcalde se refirió a la necesidad de invertir en innovación, y considerar el camino de las plantas desalinizadoras, planteando que el Estado debe hacerse cargo de explorar modelos de eficiencia para el uso del agua.