La Contraloría Regional de la República detectó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) una serie de irregularidades en proyecto habitacional en San Antonio, iniciativa marcada por atrasos y querellas, pero que paradójicamente, este miércoles comenzará a entregarse a los comités de vivienda.
En efecto, el organismo iniciará un juicio de cuentas contra Serviu por más de 120 millones de pesos, pagados erróneamente en el proceso de construcción del proyecto Mirador I y II en la comuna.
El informe de examen de cuentas del ente fiscalizador -solicitado por el diputado RN Andrés Celis- considera antecedentes desde el 27 de febrero de 2013, concluyendo el 31 de octubre de 2018 y revisó 17 contratos aprobados por la institución en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
El estudio se cimentó sobre la “excesiva dilación” o atraso que presenta el proyecto.
Proyecto habitacional
La iniciativa ingresó al banco de proyectos del Serviu el 14 de julio de 2011 y desde el comienzo prometía bastante: 16 edificios de cuatro pisos, 128 departamentos cada uno, beneficiando a 256 familias.
Sin embargo, en dos ocasiones las empresas Beltec Limitada e Inmobiliaria Construye S.A pidieron dejar sin efecto los contratos y el sueño de la solución habitacional comenzó a atrasarse.
El drama continuó. Los comités de vivienda pidieron desvincularse de otra empresa más, Viet Ingeniería Spa, y posteriormente el Serviu decidió terminar unilateralmente el contrato con la constructora Christian Ayala, esto por tener una visible incapacidad económica para avanzar la obra. A estas alturas ya habían pasado cinco años.
La lucha por contar con la vivienda propia se volvió emblemática. Hubo marchas, emplazamientos a las autoridades, y hasta una denuncia por estafa y asociación ilícita en contra de quienes resulten responsables.
En efecto, en abril de 2018, el diputado Andrés Celis (RN) presentó una denuncia ante Contraloría junto a representantes de las 256 familias afectadas por el retraso.
La denuncia además acusó que el subsidio entregado a las familias es de 800 UF, alrededor de $22.048.360, mientras que cada departamento aumentó su valor hasta llegar a los 2 mil UF, cerca de $55.120.900.
La acusación dio paso al exhaustivo informe de la Unidad de Control Externo, el que finalmente ordenó al Serviu instruir un sumario administrativo para perseguir responsabilidades por las faltas detectadas y dar inicio a un juicio de cuentas por los pagos irregulares detectados.
Así lo aseguró Celis. “Es un escándalo, estamos hablando de 256 familias (…) y este informe lo voy a complementar con la denuncia que presenté ante el Ministerio Público en San Antonio para que se persigan eventuales responsabilidades penales”.
Daniela Velásquez, dirigenta del comité de vivienda Mirador San Antonio I, señaló que quieren dejar los días más difíciles atrás.
Asegurando además que ha sido un trauma emocional y que ahora se quiere centrar en el ahora: Mañana miércoles comienza la entrega de dos torres del complejo número uno.
Millonarias irregularidades
La Contraloría comenzó a cuestionar los contratos directos al Serviu para subsanar “notables falencias constructivas”: pagos improcedentes por 36 millones de pesos para carpetas asfálticas y emplantillado de edificios; $59 millones para el desarme de la techumbre de nueve edificios y un pago irregular de 10 millones de pesos al arquitecto patrocinante de la obra.
Además, el servicio pagó casi $15 millones en intereses por mora del permiso de edificación y extravió una boleta bancaria por 57,9 UF, alrededor de un millón 500 mil pesos.
El diputado Marcelo Díaz (PS) indicó que el informe es lapidario y pidió que el servicio entregue explicaciones sobre la cadena de irregularidades y errores que contiene este caso a lo largo de los años.
“Revela cuestiones bien graves en proceso de construcción, de gestión de los mismos, es fundamental que el Serviu se haga cargo de las observaciones que ha planteado Contraloría”, aseguró.
Por su parte, el Servicio de Vivienda y Urbanización envió una respuesta a Radio Bío Bío, donde María Paz Cueto, del departamento jurídico del organismo, indicó que tomarán medidas disciplinarias en los casos que la Contraloría así lo planteó.
Además agregó que revisarán sus protocolos para mejorar las gestiones a futuro.
El dinero no es el único problema, pues la entidad fiscalizadora observó que el Serviu contrató a dos consultoras que no estaban en el registro nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Además, según el informe, no justificó técnicamente dos contratos y faltó a la normativa de acondicionamiento acústico, teniendo que pagar más dinero para arreglar esos problemas.
