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El ex alcalde de la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins, Juan Paulo Molina, quedó con arresto domiciliario total y prohibición de hablar con los otros imputados, tras ser formalizado por delitos de corrupción. El hecho investigativo comenzó en mayo de este año cuando la CGR detectó irregularidades financieras dentro de la alcaldía.
Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de comunicación con los otros imputados de la cusa quedó el ex alcalde de San Fernando, Juan Paulo Molina, formalizado por delitos de corrupción.
Molina fue gobernador de la provincia de Colchagua en la región de O’Higgins entre 2002 y 2004. Además, jefe comunal de San Fernando por dos periodos, entre 2004 y 2012
La fiscalía de O’Higgins le imputó los delitos de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.
Cabe recordar que en total eran cinco los imputados, sin embargo, cuatro de ellos serán formalizados este próximo viernes, después de que se les ampliara su detención. Entre los otros detenidos, se encuentra el también ex jefe comunal y sucesor de Molina, Luis Berwar.
El proceso se inicio luego de que en abril pasado la Contraloría General de la República emitiera un informe que detectara diversas irregularidades financieras a la ejecución y rendición de los recursos públicos destinados a las áreas de educación y de salud de la municipalidad de San Fernando.
Fraude llegaría $2 mil millones
La fiscal, Fabiola Etcheverría, explicó que al exalcalde se le imputó el hecho de haber creado una empresa que no prestó servicios y que recibió pagos de la corporación municipal entre 2019 y 2021 por un monto de 37 millones y fracción.
En tanto Cristian Toro, abogado de Juan Paulo Molina, explicó que según sus antecedentes, las prestaciones si se realizaron y la empresa no se creó para defraudar a la municipalidad. Es más, el defensor agregó que Molina declaró inmediatamente, porque “no tiene nada que esconder”.
Por otro lado, Pablo Silva, el actual jefe comunal de San Fernando se mostró conforme con este “inicio del fin de un periodo oscuro de la municipalidad”.
Agregó además que los 37 millones de pesos es el inicio de los recursos perdidos desde la corporación, según costa en los informes de Contraloría y que sobrepasan los 2 mil millones de pesos.
Finalmente, aclaró que la actual administración está prestando toda la ayuda posible a la investigación para reparar el daño que se ha causado al patrimonio del municipio.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
