La Fiscalía Regional de Ñuble dio a conocer que el Juzgado de Garantía Chillán fijó para la primera quincena de octubre la audiencia de formalización de investigación contra el ex administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, por el presunto delito de negociación incompatible.
“Ante la solicitud de la Fiscalía Local de Chillán, el Juzgado de Garantía de esta ciudad fijó para el 13 de octubre la audiencia de formalización de investigación en contra del ex administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por el delito de negociación incompatible, en carácter de reiterado”, señalaron desde el Ministerio Público.
La formalización se genera en el marco de una investigación por licitaciones y compras directas de prestación de servicios de camiones aljibes que abastecen de agua potable a sectores de la comuna, en relación a una de las empresas que repartió agua a comienzos del 2019 —Sotrafer SpA— cuyo propietario es Fernando Vallejos Guíñez, sobrino directo del ex administrador de la Municipalidad de Chillán, cónyuge de la ex gobernadora de Diguillín, Paola Becker, según antecedentes recogidos por La Discusión.
En ese sentido, Becker habría estado en reuniones de definiciones, preparación y coordinación de este tema, aún conociendo que el propio intendente, Martín Arrau, solicitó expresamente a todos los gobernadores, sin excepción alguna, probidad y transparencia con el nuevo sistema.
Esto, en el contexto de que la actual Intendencia realizó cambios considerables en la medición de los habitantes que deben recibir agua potable mediante camiones aljibes, para poder llegar a la mayor cantidad de familias posible, por lo que se estableció que los propios municipios estarían a cargo de elaborar la nómina de los receptores y velar que esta fuera fidedigna.
En ese sentido, se denunció que había que había firmas de beneficiados que se repetían en diferentes casas, viviendas de veraneo que recibían el recurso destinado a la emergencia e incluso habrían habido personas ya fallecidas que aparecían en las nóminas de beneficiarios.
Así, el funcionamiento de la empresa de Fernando Vallejos Guíñez sería fiscalizada por su propio tío.
Para el siguiente 3 de enero, según información de la Fiscalía, Vallejos Guíñez delegó la representación de la sociedad Sotrafer SpA a Pedro Alfonso Vásquez Ortiz, y con esta nueva administración, comenzó a operar a partir del 8 de enero siguiente.
De todas formas, al día siguiente, el intendente Martín Arrau decidió prescindir, desde ese momento, de los servicios de la empresa Sotrafer SpA, cuyos servicios se destinarían a las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Pero los pagos, desde el 3 de enero a esa fecha, sí se efectuaron.
Al respecto se refirió el intendente Martín Arrau a través de un comunicado, donde planteó de todas maneras que “la empresa no ha incumplido ninguna norma legal, por lo que esta medida se fundamenta en que al inicio y durante el proceso, el intendente Arrau solicitó de manera enfática a las autoridades de Gobierno Interior transparencia en el nuevo sistema que debutó en la región el 1 de enero del 2019”.
Conociendo que la Fiscalía Regional formalizaría a Vallejos por esa situación, el intendente dijo que “en lo que a nosotros respecta como Intendencia, ya está todo resuelto y es de público conocimiento. La misma prensa publicó en varios artículos cuál fue nuestro parecer al respecto y eso sigue de la misma manera”.
Además, agregó: “Entonces las contrataciones se hacían de manera directa, pero el proceso se ha ido perfeccionando y nosotros ahora estamos con licitación pública”.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
