A más de un año de quedar al descubierto un delito de facilitación a la prostitución, la Fiscalía presentó en el Tribunal Oral de Punta Arenas la acusación en contra de tres imputadas, quienes enfrentarán juicio arriesgando diferentes penas.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscal Wendoline Acuña y a información recabada por el Diario El Pingüino, los hechos comenzaron a gestarse durante el mes de junio de 2016.

En dicha fecha la ciudadana colombiana habría contactado a una joven de 21 años de su misma nacionalidad y, bajo engaño, la habría trasladado hasta Punta Arenas para trabajar en un almacén de la imputada para generar ingresos, a lo que la víctima -para poder sustentar a su hija de 4 años- aceptó.

Tras esto, la imputada habría financiado el pasaje de la víctima y su pasaporte, viaje que comenzó el 29 de junio de ese año, considerando un primer tramo vía terrestre en bus de pasajeros, mientras que el tramo de Santiago a Punta Arenas lo realizó vía aérea, llegando el 8 de julio al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, lugar donde habría sido recibida por la imputada y posteriormente acogida en el domicilio de calle Boliviana 405.

En el lugar se le habría señalado que debía trabajar en el comercio sexual para así pagarle la deuda de $2 millones 800 mil que gastó en su pasaporte y traslado a Magallanes.

Ante esto, la víctima se habría negado y originado una discusión entre ambas, en la que la imputada habría exigido a la recién llegada que le devuelva su pasaporte, amenazándola con denunciarla a la policía como traficante de drogas.

Ante esto se habría iniciado un forcejeo donde la imputada habría zamarreado y agredido a su compatriota, además de amenazarla con marcarle la cara con un corte de cuchillo, instante en que la afectada se habría escondido en el dormitorio del inmueble.

La imputada habría continuado increpándola hasta que la afectada logró huir y solicitar ayuda para llegar posteriormente hasta el cuartel de la PDI, donde realizó la denuncia constatándose las lesiones.

Segundo hecho

El segundo hecho por el que se acusó a la ciudadana colombiana da cuenta que la imputada, entre los meses de junio y septiembre de 2016 y en el mismo domicilio, habría intentado contactar de manera telefónica a una segunda víctima.

Ésta sería otra ciudadana colombiana en la ciudad de Turbo, Antioquía de Colombia, promoviendo y facilitando su traslado a Chile, para lo cual le habría enviado dinero, tramitado su pasaporte y financiado sus pasajes efectuando el viaje hasta Santiago por tierra y a Punta Arenas por vía aérea.

Al llegar a Magallanes, ésta habría comenzado a desempeñarse en el comercio sexual, debiendo pagar a la imputada un porcentaje del dinero diario que recibía.

Tercer hecho

Del mismo modo que las víctimas anteriores, una tercera ciudadana colombiana habría sido contactada por la imputada vía telefónica en el mes de septiembre, tramitando el pasaporte y pagando los pasajes desde Turbo, Colombia con destino a Punta Arenas, al igual que las anteriores vía terrestre a Santiago y vía aérea a Punta Arenas, viaje que tenía una duración de cuatro días.

Al llegar al domicilio de la imputada, la tercera joven víctima habría sido forzada a pagar un porcentaje de lo que ganaba en el comercio sexual a la imputada.

Todo estos ilícitos -se indicó en la audiencia- se habrían cometido en cooperación con las imputadas de nacionalidad chilena, siendo una de ellas la que le arrienda el domicilio en pleno conocimiento de que la imputada, de manera clandestina, lo habría destinado al comercio sexual y del ingreso de las ciudadanas colombianas al país.

Esto último por mantener otro clandestino en calle Mejicana, lugar donde la imputada extranjera habría trabajado en 2015 en el comercio sexual.

En relación a la segunda imputada chilena, se indicó que también trabajaría en el comercio sexual y que ha colaborado con la imputada colombiana luego de realizar dos contratos de trabajo, uno en el mes de mayo y otro en junio de ese año.

En éstos se manifestaría falsamente que la imputada extranjera trabaja en labores de casa de la chilena, siendo uno de los documentos presentado a la Gobernación de Magallanes, donde se le otorgó el permiso para trabajar como asesora del hogar.

Además, la segunda imputada chilena habría colaborado en la obtención de los pasajes y la tramitación del pasaporte.

Con estos antecedentes, para la imputada de nacionalidad colombiana se pide una pena de 5 años de presidio por el delito de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, además de 540 días por el delito de lesiones menos graves.

Por su parte las chilenas, en calidad de cómplices del delito consumado de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, se pide la pena de tres años de reclusión.

En relación a la acusación del Ministerio Público, se adhirió la Gobernación Provincial de Magallanes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

El juicio está programado para el próximo 7 de mayo a las 9 horas, juicio oral que tiene como duración una semana con 19 testigos y 2 peritos.