El Juzgado de Garantía de Río Bueno declaró ilegal la detención de dos comuneros por policías de civil. Por su parte, la Fiscalía confirmó que apelará a la medida.

La justicia declaró ilegal la detención de dos comuneros mapuches que fueron arrestados por la PDI mientras realizaban labores de campo en Río Bueno, en la región de Los Ríos. La abogada de los afectados calificó la medida como desproporcionada y Fiscalía anunció que apelará a esta decisión.

En medio del campo fueron detenidos Jaime Uribe y Liconyán Huichalaf, mientras se encontraban buscando animales en el sector rural de Carimallín en la comuna de Río Bueno.

En ese lugar se encontraron con dos personas de civil que exigieron su identificación, por lo que se negaron a acatar las órdenes de los desconocidos. Una situación que derivó en el arresto de los comuneros mapuches, que recién en ese momento se enteraron que se trataba de detectives de la Policía de Investigaciones.

Así lo indica la abogada de ambos hombres, Karina Riquelme, quien aseguró que la detención se registró a 50 metros de la casa de Lincoyán Huichalaf y que los funcionarios no permitieron que fueran en la búsqueda de sus documentos.

Según dijo, se trató de una medida desproporcionada porque la acción de los comuneros fue una falta y no un delito.

Pese a que la justicia declaró ilegal la detención de los comuneros y además sobreseyó la causa, la Fiscalía anunció que apelará a esta decisión en “respaldo de la actuación policial”.

Así lo dijo el fiscal, Sergio Fuentes, quien señaló que la actuación de los detectives se ajustó a derecho.

El persecutor dijo que los comuneros fueron sorprendidos al interior de una propiedad privada, cuando la PDI realizaba diligencias por otros delitos cometidos en el lugar. Aseguró que se dieron facilidades para que proporcionaran los documentos de identificación y que también existía una orden judicial para tomar las huellas digitales, pero estos se negaron.

Sin embargo, la abogada afirma que la identidad de los comuneros quedó establecida a través de la toma de huellas digitales por parte de la PDI.

En tanto, la comunidad lleva adelante un proceso de restitución del fundo Ponhuipa ante la Conadi.