El Ministerio de Educación recibió una rendición presuntamente viciada desde la Municipalidad de Los Lagos que impide a la casa edilicia recibir más de 300 millones de pesos de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública, estableciéndose incluso la falsificación de documentos.

La información fue conocida por Radio Bío Bío luego que el presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Los Lagos, el edil Aldo Retamal, informara que la dirección de Educación Pública no entregaría al municipio los 305 millones de pesos correspondientes a la segunda cuota del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

Y esto por las observaciones realizadas a las órdenes de compra para ejecutar las iniciativas que se enmarcan en el convenio de dicho fondo, las que habrían sido enviadas en la última rendición de cuentas.

Ante esto, el director subrogante del Departamento de Administración de Educación Municipal de esa comuna, Rubén Navarro, confirmó que la Dirección de Educación Pública determinó que el proceso de rendición de cuentas estaba viciado por órdenes de compra inválidas, ordenándose un sumario por parte del municipio.

La ex directora del DAEM de Los Lagos, Paula Herrera, exhibiendo respaldos indicó a la radio que previo a su despido en octubre de este año, la Dirección de Educación Pública, le envió un correo electrónico pidiendo una aclaración sobre órdenes de compra que no se habían podido ratificar en el portal de Mercado Público.

Herrera señaló que a partir de ahí constata que la documentación fue falsificada en la unidad de compras del DAEM, lo cual informó por la misma vía a la dirección Educación Pública el 14 de noviembre, tres días después que se decretara su desvinculación.

Agregó que la información sobre la falsificación de las órdenes de compra, fue enviada con copia al seremi de Educación, Tomás Mandiola, de quien no tuvo respuesta, según indicó.

La radio consultó al municipio sobre la acusación realizada por Herrera, informándose que efectivamente se estableció la falsificación y que tras consultar a Contraloría, se les habría recomendado finalizar el sumario ordenado por el alcalde Samuel Torres, para luego realizar la denuncia respectiva en la Fiscalía.