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Vecinos del sector Alto La Paloma en Puerto Montt realizaron una olla común en protesta por la posible demolición de sus viviendas luego de que la Municipalidad abriera una causa en el Juzgado de Policía Local. Son 14 familias afectadas por la falta de alcantarillado y agua potable, sin el permiso de edificación requerido. La Municipalidad se niega a otorgar la certificación necesaria, lo que podría resultar en multas y demolición. La comunidad busca soluciones y apoyo del Gobierno ante esta situación.
Una olla común realizaron los vecinos del sector Alto La Paloma, en Puerto Montt, a modo de manifestación por la posible demolición de sus viviendas tras la apertura de una causa en el Juzgado de Policía Local por parte de la Municipalidad.
Son 14 las familias preocupadas por una notificación entregada por la casa edilicia, solicitando un permiso de edificación y recepción de obras, el cual no poseen debido a la falta de alcantarillado y agua potable en el lugar, a pesar de ser un sector urbanizado desde 2010.
El hecho de no presentar esta documentación podría terminar con la aplicación de una multa por parte del Juzgado de Policía Local y la posterior demolición de sus viviendas, según lo establece la ley. Así lo explicó la Abogada representante de la comunidad, Orietta Llauca, quien también aseguró que la propia Municipalidad se niega a otorgar esta certificación a los vecinos.
Notificación a vecinos
En el mismo contexto, la tesorera del comité del sector, Gabriela Domínguez, señaló que al día siguiente de ser favorecidos por un derecho de protección ante el proceso judicial en curso, asistieron funcionarios de la casa edilicia a dejar los documentos notificativos en la reja de sus propiedades.
Hasta la olla común también llegó el director de la Agrupación Humedales Gayi, Tomás Pizarro, indicando que se trata de una práctica común que realiza el municipio al verse desbordado por las exigencias vecinales.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez criticó que no se le entreguen alternativas a estas familias, solicitando la intervención del Gobierno en este conflicto.
Ahora las más de 200 familias que habitan en el lugar continuarán organizándose para lograr conseguir soluciones por parte de las autoridades correspondientes.
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