La venta del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Los Lagos a Kimún generan preguntas que los protagonistas de dicho proceso contestaron a La Radio desde sus propias perspectivas.
El traspaso de las instituciones educacionales, Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Los Lagos, por parte de la Universidad Pública a la Corporación Kimún, ha generado cuestionamientos.
El IP con una administradora de cierre y el CFT ad portas del mismo destino, envueltos desde hace meses en una investigación que involucra a sus ex dueños, Kimún de Jaime Huincahue, hoy con arresto domiciliario, y Diego Ancalao, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Alto Bonito.
Esta es la historia desde la mirada de cuatro protagonistas del proceso: un ex trabajador de Kimún, el vicepresidente de dicha Corporación y las más altas autoridades académicas de la Universidad de Los Lagos.
Decisiones institucionales
En 2007, la Universidad de Los Lagos tenía sedes en distintos puntos del país y ahí se dio la primera decisión institucional. La que fue determinada por los marcos de los procesos de acreditación de la época, que apuntó a la implementación de un Instituto Profesional, bajo una condición de sociedad anónima. Y además, un Centro de Formación Técnica, bajo una sociedad de responsabilidad limitada.
Y el modelo funcionó durante una década en esta condición. Ya que en 2017 se reanudó la discusión de un plan estratégico de desarrollo institucional que, en definitiva, implica otra decisión de la ULA: concentrar sus actividades académicas en la región de Los Lagos, retornar a un proyecto de carácter regional y en la práctica concentrar actividades en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, manteniendo una representación en Santiago. Así lo explicó el Rector Óscar Garrido a La Radio.
De hecho, para fines de ese año, ya se habían cerrado las sedes de Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Concepción. Mientras que para el 2018, con el resto del proyecto, se inició la discusión de una tercera determinación: bajar la cortina definitiva al proyecto o traspasar las sedes a otro controlador.
Con 5 mil alumnos en todo Chile y con establecimientos que incluso habían adquirido una identidad propia, la discusión fue compleja. Pero, por otro lado, el intento por acreditarlos había fracasado.
Finalmente, se optó por una acción inédita: la Universidad de Los Lagos, una institución de derecho público, decidió colocar a la venta sus sociedades privadas.
La primera intención fue la de una licitación privada. Esto implicaba buscar oferentes directos, a lo menos 3, y someter a evaluación sus respectivas propuestas, lo que implicó un “sondeo” previo de instituciones. En lo que fueron los primeros contactos con la hoy cuestionada Corporación Kimún.
La Corporación de Huincahue entra en el radar
Jaime Huincahue, hoy procesado por fraude al fisco y lavado de activos, era un hombre que por aquella época se conocía más allá de los límites regionales de la Araucanía por su idea de crear una Universidad Mapuche. Que en definitiva provenía de uno de los pilares que se había propuesto la Corporación Kimún (mucho antes del Caso Convenios).
Con este antecedente, desde la Universidad de Los Lagos tomaron contacto telefónico con Huincahue, pero en paralelo con representantes del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel (ligado a la Universidad de la Frontera) y el CFT Andrés Bello, todos de la región de la Araucanía.
En conversación con La Radio, un extrabajador de Kimún, que requirió mantener su identidad en reserva y que para estos efectos llamaremos Alejandro, nos contó que incluso hubo reuniones presenciales, sin acta.
Al respecto, el hombre clave en estas conversaciones fue el en entonces Vicerrector Académico de Los Lagos. Quien había sido Rector del Instituto Profesional y que hoy es el ProRector de la casa de estudios estatal, Roberto Jaramillo.
Su figura aparece como enlace con estos postulantes, ya sea en correos con información, así como respondiendo las consultas del proceso. Y sobre los encuentros con Huincahue, el propio Jaramillo lo confirmó, pero insistió en que fueron dentro del proceso de búsqueda.
Además, Jaramillo aseguró que a los tres “posibles postulantes” les contaron de la idea de enajenar sus instituciones, enviándoles siempre información pública de las condiciones de ambos establecimientos.
En paralelo, siguieron las conversaciones con la Contraloría, en discusiones leguleyas sobre la mejor opción de enajenación. Y tras discusiones en el Directorio se desestimó el proceso privado y se optó por una “licitación pública”, quedando los contactos con los “sondeados”.
Único oferente pero ¿dos propuestas?
El Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos aprobó la enajenación por medio de una licitación pública. Pero con la exigencia de salvaguardar la continuidad académica de los estudiantes en lo particular y del proyecto educativo del IP y el CFT en general.
El 2019 parecía ser el año en que al fin se concretaría el proceso, pero un convulsionado Chile comenzó a mediados de octubre con el “estallido social”. Lo que sumó un nuevo retraso.
Sin embargo, se siguió trabajando, generándose las bases (con la correspondiente toma de razón de Contraloría), las que se publicaron de acuerdo al procedimiento público.
Y de los contactados previamente, dos siguieron en carrera: Kimún y Teodoro Wickel. Quienes manifestaron su intención de postular porque se contactaron con la Universidad y solicitaron antecedentes formales por escrito: estados financieros, detalles de las matrículas, detalles de contratos de arriendo, tipos de carreras y su duración, entre otras.
Pero el CFT de la UFRO comenzó a poco andar a plantear una excepción. Cómo ellos ya eran un Centro de Formación, consultaron en particular por el IP, pero desde la ULA le explicaron que se trataba de un proyecto en conjunto. Lo cuales compartían incluso espacios físicos, por lo que la división afectaba a ambos proyectos, recomendándoles el “pack de instituciones”.
Finalmente, solo se recepcionó la carpeta de Kimún, pero con un detalle, hasta ahora desconocido, que entregó a La Radio un extrabajador de la Corporación. Era la existencia de dos sobres, cada uno con propuestas distintas, una, por $200 millones y otra, por $130 millones.
Esto lo indicó el extrabajador de la institución, Alejandro, quien tiene la prueba de ambas opciones.
Jaramillo, el entonces Vicerrector Académico, es enfático en sentenciar que esa consulta era absolutamente improcedente. Porque ni ellos como Comisión contaban con esa información.
Entonces, ¿Por qué Kimún presenta la opción económica más barata, con el riesgo de perder la licitación? Le consultamos directamente al vicepresidente de Kimún, Arnoldo Ñanculef y aquí parte de esa conversación.
Tras 4 meses de proceso se evaluó la propuesta de Kimún, se analizaron los requisitos de las bases y se procedió a la adjudicación por $130 millones.
Como único oferente, hubo puntuaciones bajas en varios criterios de la comisión evaluadora, pero la balanza terminó a favor de la propuesta económica.
La escritura de cambio de controlador se firmó en diciembre de 2020, y el 12 de enero de 2021 la Corporación Kimún se hace cargo del CFT y el IP Los Lagos. Lo que quedaría plasmado en una fotografía de prensa que, todavía con mascarillas, se sacaban el rector de la ULA y Jaime Huincahue.
El proyecto continuó así con todos sus estudiantes y con la mayoría de los trabajadores. Pero en contraparte, con nuevo Directorio y sin sus activos inmuebles, que son una historia aparte.
Acciones, no edificios
Cuando se vendió, el Instituto Profesional Los Lagos tenía vigentes las sedes de Quillota, San Antonio, San Fernando, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Coyhaique.
Mientras que en Osorno no había actividades académicas, sino que administrativas, con dos edificios asociados al IP, ubicados en calle Patricio Lynch y el otro en Cochrane.
Cuando se acordó la venta, la Universidad retuvo esos activos porque eran patrimonio de la estatal, y como tal, el Directorio acordó que la sociedad del Instituto Profesional Los Lagos se dividiera en dos. Una con el nombre de Unidad de Capacitación que mantiene ambas propiedades (que siguen estando en poder la ULA), y la que se llama Instituto Profesional Los Lagos, vendida a Kimún. La cual se queda con todo el resto de los activos: laboratorio, talleres, mobiliario que estaban en las sedes, etc.
Entonces, cuando se valoriza la venta de ambas instituciones, queda en $110 millones como piso, con el valor de las acciones determinadas por una empresa auditora externa.
Y en la enajenación no se incluyó el pagaré de los estudiantes, que habría disparado la cifra. Considerando que eran $6.500 millones, con 5 mil estudiantes pagando carreras que bordeaban el millón 300 mil pesos de costo.
Otro episodio a considerar es el que develó el medio Interferencia. Con la carta que la Corporación Kimún le envió a Juan Sutil, solicitándole recursos para comprar el CFT e IP Los Lagos.
La misiva está fechada el 12 de mayo del 2020 (en pleno proceso de postulación) donde comienza de esta forma: “Estimado Hermano, Juan Sutil, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio”.
Allí, se plantea claramente que “en conversaciones y acuerdos con el actual rector de la Universidad de Los Lagos, nos permite pagar solamente 10% como pie de compra-venta”. Dejando el saldo restante a pagar en, dicen en Kimún, “cómodas cuotas anuales” por un máximo de 10 años.
Y ahí se revela que el objetivo es solicitar, con este respaldo, $40 millones para “participar de la licitación pública a realizarse en el próximo mes de julio 2020”.
Que se nombre al Rector, con un acuerdo previo a los márgenes de la convocatoria a la licitación pública es lo que genera suspicacias. Lo que consultamos directamente a Oscar Garrido, quien lo negó terminantemente y lo atribuyó a una estrategia de Huincahue para acceder a los recursos.
Y ante la consulta, el representante de Kimún, Arnoldo Ñanculef, apuntó a que si hay un responsable de cualquier irregularidad es Jaime Huincahue.
La Universidad Pública
El fortalecimiento de “lo público” ha sido debate en el último tiempo en el país. Las universidades estatales están permanentemente solicitando un trato preferente del Estado, en una dirección asociada a mejorar las condiciones de sus proyectos educativos.
Desde esta óptica, cabe preguntarse, la discusión de fondo para enajenar dos proyectos educativos fuertes, sin deudas, ya conocidos, y sobretodo “públicos”. Alejandro reflexionó al respecto, apuntando a que se necesita más fiscalización y claridad en estos procesos.
Lo que le dio el respaldo patrimonial a Kimún para solicitar recursos al GORE, los que aún no son restituidos.
En conversación con La Radio, el vicepresidente de Kimún, Arnoldo Ñanculef, advierte que el sueño de una Universidad Mapuche continúa y que buscarán recuperar los establecimientos. También hace una autocrítica respecto del manejo que tuvieron, y lo asocia a falta de experiencia.
Lo que queda para la discusión es si tanto el IP como el CFT, saneados financieramente, sin juicios pendientes de ninguna naturaleza, ni deudas impagas o pendientes con los bancos, no pudieron tener un destino más provechoso.
Las dudas se hacen más profundas cuando se establece en el país una política pública para instalar una red de CFTs estatales y regionales. Donde perfectamente estas instituciones pudieran tener una nueva oportunidad de desarrollo.
Y al respecto, el ProRector de la ULA, Roberto Jaramillo, aclaró que esto se propuso y que desde el Mineduc no perseveraron en la idea.
Lo cierto es que estando vinculados a la Universidad de Los Lagos, el IP y CFT siempre hicieron ruido y era motivo de contradicción. Esto, considerando que se trataba de figuras jurídicas de carácter privado siendo la Universidad de naturaleza pública.
El Rector Oscar Garrido lo expresó en sus palabras, lamentando lo que vino después de que la ULA ya se había desprendido de ellos.
¿Qué pasa actualmente?
Ahora, el IP y CFT Los Lagos se cerrarán, envueltos en los escándalos del caso Convenios, su vinculación con las maniobras de Jaime Huincahue con los $1.200 millones del Gobiero Regional y su posterior traspaso, entre “gallos y medianoche” a la Fundación Fundelín, del hoy procesado y detenido preventivamente, Diego Ancalao.
Muchos estudiantes llaman a la Corporación Kimún planteando que les da vergüenza que sus títulos estén con la firma de Huincahue. Mientras que en otros esperan desvincularse de un proyecto educativo que se ha devaluado a la luz de las irregularidades.
Con todo, muchos trabajadores, que no están cubiertos en las obligaciones del Estado al cierre, han seguido apoyando las gestiones de la justicia y de la continuidad académica de los estudiantes y sus sueños, distando de quienes vieron este proyecto educativo exclusivamente como un bien transable.
