En la auditoría, la Contraloría determinó que los valores promedios contratados con la Fundación Participa y la Corporación Kimün superan a las realizadas por la Seremi de Bienes Nacionales respecto a prestaciones similares, es decir, al saneamiento de terrenos.

Sobreprecios hasta en 429% por saneamientos de terreno respecto de los valores de Bienes Nacionales detectó Contraloría en el pago del Gobierno Regional de Los Lagos a fundaciones y corporaciones privadas.

El gobernador Patricio Vallespín respondió que el cálculo del ente fiscalizador no corresponde porque se trata de prestaciones distintas.

La revisión de Contraloría se centró en los recursos entregados a la Fundación Participa y a la Corporación Kimün, cada uno con 1.200 millones de pesos, con 1.400 beneficiarios la primera y 800 la segunda.

El tema es que si se considera un precio base de saneamiento de terrenos de lo que hace Bienes Nacionales, se advierte que el pago por persona beneficiada, implica excesos de 245% en Participa y 429% para el caso de Kimün, determinando el ente fiscalizador que la respuesta entregada por el GORE es insuficiente y, por lo tanto, sostiene la observación.

Sobreprecio en valores de convenio
Captura de informe

Gobernador discrepa con cálculo de la Contraloría

Al respecto, consultado el gobernador Patricio Vallespín enfatizó en que las soluciones jurídicas pagadas por el Gobierno Regional de Los Lagos son mucho más complejas y diversas que las del método tradicional del Estado, considerando posesiones efectivas y su inscripción en el Conservador de Bienes Nacionales, pero también escrituras por transferencias de dominios, alzamiento de prohibiciones, rectificaciones, subdivisiones, sesiones familiares y otras.

En suma, Vallespín insistió en que el cálculo de Contraloría no corresponde, ya que iguala un trámite tradicional con la resolución de temas más profundos.

El caso Participa y Kimün se entiende también por una serie de profesionales que debían apoyar estas gestiones, pero además, la integración de casos rurales que, muchas veces, ante la falta de documentos, se complica, agregó el gobernador.

Agregó Vallespín que esto lo explicarán en detalle en su apelación a la Contraloría en el plazo de 60 días hábiles que tienen, apuntando a que además se realizará una auditoría externa en que se base un nuevo estándar de la gestión de recursos en transferencias, seguimiento, diseño y garantías, entre otros.

Revisa a continuación el informe completo de la auditoría de Contraloría: