La Contraloría detectó una serie de irregularidades en la Dirección Nacional de la Conadi por la compra y distribución de casi 8 mil sacos de harina, para apoyar a comunidades indígenas durante la pandemia.

El ente fiscalizador instruyó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, además de mejorar los controles internos.

Es una auditoría de 53 páginas, donde la Contraloría General de la República advirtió irregularidades, relacionadas al método de entrega de ayuda, almacenamiento, falta de control, proceso para seleccionar de los beneficiados, entre otras.

Uno de los puntos más relevantes es la adquisición de 8 mil 799 sacos de harina de 10 kilos por 49 millones 995 mil 918 pesos, para comunidades mapuches de Pucón, Curarrehue, y Padre Las Casas, adscrito en el Programa Chile Indígena.

Falta de criterios

Según el ente de control, no existieron criterios uniformes para seleccionar y priorizar a los beneficiados e incluso cuestionó que la Conadi adquiriera los productos y luego definiera a quienes se les entregarían, generando confusión entre los dirigentes de las comunidades.

Además, en el caso de Curarrehue se constató que los sacos cargados en un camión abierto, se encontraban mojados, dado que el día de la fiscalización, el 8 de junio, estaba lloviendo en la comuna.

En tanto, en el caso de la Conadi en Cañete, dependiente de la Subdirección Nacional de Temuco, se compraron mediante convenio marco 240 kits de alimentos, los que fueron devueltos a no corresponder a los ofrecidos.

El director Nacional dela Conadi, Ignacio Malig, aseguró que ya se instruyó el mejoramiento de los procedimiento internos del Programa Chile Indígena, además de iniciar un sumario en el caso de Cañete.

Por decisión de la Conadi y ante evidentes inconsistencias en el proceso, se suspendió la entrega de la ayuda, quedando aún pendiente más de la mitad de los sacos de harina comprados.

La misma auditoría reveló que problemas en la distribución de cajas de alimentos en la región de Magallanes por casi 40 millones de pesos, donde se advirtieron productos dañados, sin fecha de elaboración y vencimiento, lo que posteriormente fue subsanado.