La Intendencia de Arica y Parinacota decidió suspender la entrega de cajas de alimentos y anunciaron realizarán un sumario interno, luego que Contraloría resolviera que la compra de estas canastas fue ilegal.

Ese fue el resultado de una investigación realizada por el órgano contralor, tras acoger la solicitud del senador José Miguel Insulza y el diputado Luis Rocafull para determinar la existencia de eventuales irregularidades en el proceso de compra de 22.500 cajas de alimentos realizada por la Intendencia Regional a una empresa ariqueña, en el marco de la emergencia por el Covid-19.

Ante la resolución, el intendente Roberto Erpel indicó que realizarán una investigación sumaria y se decretó el pasado sábado la suspensión de la entrega de canastas.

Lo detectado por Contraloría es que la empresa ganadora de la licitación, vía trato directo, no es del rubro alimenticio, sino que es prestador de asesorías.

Por eso, declaró ilegal el contrato con la empresa Tobar y Tobar Limitada porque no se encuentra ajustada a derecho.