Según explicó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, las tareas del nuevo seremi es avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y también "reconstruir la moral" del equipo ministerial en Antofagasta.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó la mañana de este martes que Hernán Rodríguez Baeza asumió como nuevo seremi de la cartera en Antofagasta, en reemplazo de Carlos Contreras quien renunció al cargo luego de que se le vinculara al escándalo generado por los convenios vía trato directo con la fundación Democracia Viva.
Rodríguez viene a asumir una cartera que se encontraba vacante desde el 17 de junio pasado, y con diferentes tareas, según especificó el propio ministro Montes, quien además destacó las características del nuevo seremi.
“Hernán Rodríguez es una persona con una amplia experiencia, ha estado de seremi en varias regiones del país, conoce lo que es cumplir ese rol en una región que ha vivido lo que ha vivido a propósito del caso de corrupción, el caso de Democracia Viva y el ánimo que esto ha provocado al interior del equipo del propio ministerio y el impacto que ha tenido en el resto del país”, comentó Carlos Montes.
Agregó que la tarea principal de Rodríguez “es avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional” y detalló que se acaba “de licitar más de dos mil doscientas viviendas en La Chimba”.
“Se trata de que junto al director del Serviu (Ricardo González) empujen este proyecto y rápidamente salga, porque estamos atrasados en Antofagasta y creemos que hay que construir viviendas”, dijo el secretario de Estado.
No obstante, puso énfasis en que la tarea del militante socialista y anteriormente también seremi de Vivienda y Urbanismo en diversas regiones del país, como O’Higgins, Coquimbo y Maule es “reconstruir la consistencia, la unidad y la moral del equipo de la región, porque ha quedado muy afectado con este caso de de corrupción”.
Cabe recordar que a mediados de junio se conoció que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó, vía trato directo y en tres pagos, más de 420 millones de pesos a la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y, en ese entonces, pareja de la diputada del mismo partido de gobierno, Catalina Pérez.
