Son más de 378 millones de pesos los que habría recibido el exministro Laurence Golborne de Penta y otras empresas -como Ripley y el banco BCI- para financiar su precandidatura presidencial y posteriormente su campaña senatorial, según se consignó este miércoles en su formalización por delitos tributarios.
La audiencia se inició a las 10:00 horas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la indagatoria que sigue el Ministerio Público por el financiamiento irregular de sus campañas a través de presuntas boletas falsas.
Golborne llegó alrededor de las 08:10 horas al Centro de Justicia en compañía de su abogado, Juan Pablo Kinast. En breves declaraciones, señaló a Radio Bío Bío sentirse “simplemente tranquilo, esperando el accionar de justicia como cualquier ciudadano“.
La Fiscalía había solicitado para Golborne las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Sin embargo, el juez Juan Carlos Valdés solo accedió al arraigo, y determinó que el exministro quede con firma quincenal.
Según expresó el fiscal oriente Manuel Guerra durante la formalización de cargos, Laurence Golborne se encargó de “recaudar fondos de manera ilegal” para los gastos de campaña.
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Del total del monto que le atribuye la Fiscalía, cerca de 218 millones fueron captados a través de boletas emitidas por Vox Comunicaciones. En tanto, otros 160 millones fueron captados por boletas de VSA y Siglo Outsoursing.
En tanto el fiscal Pablo Norambuena, quien también participó en la instancia, manifestó que Golborne se concertó tanto con los emisores de las boletas como con las empresas cuestionadas para la emisión de las boletas cuestionadas.
Asimismo, se cuestionó la colaboración del exministro en la indagatoria ya que éste en su primera declaración -noviembre de 2015- solo reconoció los montos transferidos desde Penta, y no desde el resto de las empresas. “Su comportamiento en cuanto a la investigación fue desleal“, afirmó Norambuena.
En la audiencia se vivió un momento tenso tras la comunicación de cargos. El defensor de Golborne, quien se mostró en desacuerdo con las cautelares solicitadas por la Fiscalía, criticó las querellas del Servicio de Impuestos Internos en contra de su cliente y las calificó como una “vergüenza histórica“.
Esto generó la airada respuesta del abogado del SII, el que replicó que el defensor hablaba “sin entender lo que está diciendo” y que éste no estudió los antecedentes de la manera adecuada. Finalmente el juez Juan Carlos Valdés frenó esta arremetida y pidió una discusión “con respeto”.
El magistrado estableció tras un receso las cautelares de firma quincenal y arraigo. Asimismo, indicó que se daba por establecida la colaboración de Golborne con la indagatoria, al contrario de lo que planteó el Ministerio Público.
Posterior a la audiencia, el fiscal oriente Manuel Guerra señaló que si bien la pretensión era obtener arresto domiciliario total, quedaron conformes y que se asegura la comparecencia de Golborne para requerimientos posteriores.
En cuanto a la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, Guerra indicó que por el momento es una altenativa que no se encuentra contemplada. “Hoy no están dadas las condiciones para un juicio abreviado“, señaló a los medios.
