Durante esta jornada de viernes, autoridades promulgaron la Ley de Seguridad Municipal que —entre otros— fortalece el rol de los gobiernos locales, profesionaliza a inspectores municipales y les brinda más protección. A esto se suma la creación de los Comités de Coordinación Operativa.
El propósito de la iniciativa es dotar a las municipalidades de un marco moderno, coherente y profesionalizado que permita abordar la prevención del delito con mayores capacidades institucionales, mejor coordinación con las policías y una oferta de servicios preventivos más robusta para las comunidades.
Con esta ley se reconoce de manera explícita y formal el rol preventivo que desempeñan los municipios en materia de seguridad, definiendo a su vez su rol coadyuvante en la producción de seguridad.
Promulgan Ley de Seguridad Municipal
La ley otorga atribuciones claras y reguladas para realizar labores preventivas, fiscalizadoras y de apoyo operativo, manteniendo el carácter no policial de estas funciones. El objetivo es garantizar estándares homogéneos de formación, control interno y resguardo de los equipos municipales.
Igualmente, regula por primera vez tareas preventivas que podrán ejecutarse de manera autónoma —como patrullajes preventivos, detención en flagrancia, televigilancia o incautación de mercancías ilegales— y funciones colaborativas con Carabineros, como patrullajes mixtos, controles de tránsito y apoyo en medidas cautelares de violencia intrafamiliar.
Entre lo contemplado también está el Comité de Coordinación Operativa, encabezado por el alcalde o alcaldesa, con participación de Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Su misión es mejorar la articulación operativa, estandarizar flujos de información y permitir respuestas más oportunas frente a problemáticas locales.
Asimismo, se habilitan nuevas formas de contratación, incluyendo la posibilidad de emplear personal bajo Código del Trabajo y a través de asociaciones municipales de seguridad. Esto permite a los municipios conformar equipos estables y especializados, respondiendo a necesidades históricas de capacidad preventiva.
En otro punto, incorpora un agravante penal ante agresiones a inspectores municipales, equiparando su resguardo al de otros equipos públicos vinculados a la seguridad. También obliga a dotarlos de elementos defensivos certificados y a garantizar capacitación continua y condiciones laborales que favorezcan un trabajo seguro y eficaz.
Igualmente, se establecen estándares para el uso de cámaras, drones y sistemas de televigilancia, equilibrando eficacia operativa con protección de datos personales. Busca asegurar una aplicación responsable, proporcional y transparente de estas herramientas.
Recuersos y financiamiento para la implementación
La Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones a la adquisición de elementos de protección para inspectores, priorizando comunas con mayor vulnerabilidad socio-delictual. A estos se sumarán $208 millones para plataformas tecnológicas e interconexión de registros.
La ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial. Su implementación será progresiva, permitiendo a los municipios capacitar equipos, adecuar procesos internos y consolidar una institucionalidad moderna y orientada a la prevención del delito desde el territorio.
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