Durante la jornada de este lunes, las asociaciones de funcionarias y funcionarios de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), junto a dirigentes nacionales de la ANEF, se convocaron para manifestarse y aclarar la situación respecto del reciente informe emitido por la Contraloría General de la República (CGE) sobre el funcionamiento del servicio.
Recordemos que la auditoría dio cuenta de que 1.681 personas con antecedentes penales habrían empeñado bienes por más de $1.500 millones en la institución, sin que se verificara correctamente la procedencia de dichas especies.
En ese contexto, dirigentes defendieron el actuar regular del servicio y realizaron un llamado a modernizar la legislación que actualmente regula su funcionamiento.
La presidenta de Asociación Prendaria de Chile (Aprech), Nieves Palma, manifestó su descontento frente a los cuestionamientos y señaló que: “Somos un ente que le prestamos servicios a la ciudadanía (…) me parece super irresponsable de parte de algunos políticos que vengan a barrer con nosotros”.
Asimismo, agregó: “Exigimos y le pedimos tanto al Ministro como a la gente que nos ha perjudicado que nos pidan disculpas, porque nosotros no protegimos a ningún delincuente, ayudamos a la ciudadanía”.
Por su parte, el presidente nacional de los tasadores de Dicrep, Marco Chamorro, explicó que el funcionamiento del servicio se rige estrictamente por la normativa vigente.
En ese sentido, aclaró que, si bien no pueden exigir facturas o boletas, “cada mes la documentación correspondiente con nuestros empeñantes para que se haga una trazabilidad correspondiente”.
“Eso se escapa de nuestras manos, pero cumplimos con lo que está establecido”, indicaron, además de precisar que están disponibles para avanzar en una modernización legal que responda a los desafíos actuales.
A esta situación también se refirió el presidente de la asociación AINFUD, quien enfatizó que esta problemática representa una oportunidad para actualizar el marco regulatorio.
“Nosotros consideramos que hoy día esto es una oportunidad porque nosotros realmente tenemos una normativa que está tallada en piedra, y que puede ser el principio para hacer algún tipo de proyecto normativo que sea, por supuesto, impulsado por los legisladores”.
En la misma línea, añadió: “Vamos a generar algún tipo de modificación que sea robusta, que sea actualizada y que realmente nos permita a nosotros entregar a la ciudadanía el apoyo que necesitan con todos los procesos en regla, como siempre lo hemos hecho”.
Finalmente, el presidente de Anecrep, Carlos González, señaló que Dicrep es un servicio que funciona en todas las regiones del país para apoyar a la gente trabajadora y que, frente a la polémica, “necesitamos un nuevo marco legal que establezca esa normativa formalmente que tengamos acceso a la base de datos del registro civil para ver qué personas tienen antecedentes”.
Este pronunciamiento se da en un momento clave, en medio de la creciente preocupación por los procedimientos internos de Dicrep y la polémica a nivel nacional originada tras la auditoría de la CGE y las declaraciones parlamentarias que han cuestionado el rol del servicio.
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