Para este martes 30 de diciembre quedó fijada la resolución de las medidas cautelares para los gendarmes y los civiles pendientes, luego de casi dos semanas de audiencias de formalización por la red de corrupción carcelaria que operaba en las cárceles de San Joaquín y Santiago 1.
Este lunes finalizó, tras once jornadas, la formalización enmarcada en la denominada Operación Apocalipsis. Sin embargo, la resolución no se conocerá hoy, sino que mañana, a las 20:30 horas, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.
Cabe recordar que son 71 imputados, 45 de ellos gendarmes, en una causa liderada por la Fiscalía Occidente e investigada por la PDI.
Fiscal Pastén previo a resolución sobre cautelares de gendarmes formalizados por corrupción
El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que están tranquilos por haber realizado una “investigación acuciosa y sólida“. Además, indicó que mantienen la pretensión de prisión preventiva para todos los imputados.
Pastén señaló que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional de los imputados y que estarán atentos ante cualquier eventual obstaculización de la investigación. Esto último, respecto de la ubicación de los imputados en caso de quedar privados de libertad.
Sobre la indagación de la PDI por un ingreso no autorizado a oficinas donde se desarrolla la investigación por corrupción, la policía informó de manera preliminar el resultado de las diligencias.
“No existe una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía. No existiría acceso a los computadores que ahí están dispuestos de este equipo investigativo y, paralelamente, le hemos pedido a Gendarmería que nos informe cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se van a adoptar para que estos hechos no se repitan en lo sucesivo”, informó el persecutor.
Por otro lado, Pastén indicó que la investigación tiene un plazo de 300 días concedido por el tribunal y que aún existen diligencias pendientes, además de sujetos de interés.
“Si es necesario solicitar nuevas órdenes de detención, lo vamos a hacer“, advirtió, junto con precisar que no hay ningún gendarme con orden de detención pendiente.
Defensores de imputados por red de corrupción
El abogado Carlos Silva Muñoz cuestionó que el juez Francisco Ramos “tome una valoración completa” de las declaraciones de imputados para establecer la prisión preventiva, ya que recalcó que estas constituyen un medio de defensa y no de prueba.
Además, Silva sostuvo que la “investigación está incompleta, parcializada e inconexa“.
Por su parte, el abogado Ilan Eck, defensor del gendarme Boris Rodríguez Osses, señaló que en la formalización de su representado se aludió a una contraprestación, consistente en que le habrían permitido conducir un automóvil marca Bugatti.
“En nuestro país no existen, por lo menos en la actualidad, autos de dicha marca inscritos al nombre de algún titular“, contraargumentó la defensa, que solicita arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.
María Ignacia Barrera, abogada de una de las denominadas “manilleras“, Nayadeth Torres, reafirmó la inexistencia de los delitos de cohecho, lavado de activos y asociación criminal que se imputan a su representada.
En cuanto a las medidas cautelares de Torres, su defensa aludió a antecedentes que el tribunal debe considerar para determinar un arresto domiciliario nocturno o total, como la existencia de sus tres hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y los diagnósticos médicos de su madre, entre ellos, un principio de demencia.
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