La controversia política por el protocolo de reajuste del sector público para 2026 continúa, luego de que la oposición calificara como una “Ley de Amarre” uno de los puntos del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.
Frente a esos cuestionamientos, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió el contenido del texto y negó que se esté limitando la capacidad de desvinculación del Estado.
La ministra apuntó especialmente al punto 14 del protocolo, que regula la salida de funcionarios a contrata y que ha sido blanco de críticas desde sectores opositores.
“Esto parece más como de campaña que de Gobierno electo y en ejercicio”, dijo.
“No se prohíbe desvincular, se exige fundamentar”
La ministra de la Segpres, Macarena Lobos sostuvo que la disposición ha sido interpretada de manera errónea y que no impide despidos, sino que refuerza exigencias ya presentes en el ordenamiento jurídico.
“Si uno mira en detalle la propuesta de protocolo, se ha destacado mucho el punto 14, que hay que decir que es la posibilidad, no de que no se desvincule al personal, sino que sea justificado y que efectivamente un acto motivado”, señaló en entrevista con Radio Futuro.
En ese sentido, recordó que la Ley 19.880 obliga a que los actos administrativos sean fundados, criterio respaldado por la Contraloría y los tribunales. “Todos los actos tienen que ser fundados (…) y, por tanto, acá lo que se explica es que tiene que ser fundado en causales objetivas y tiene que notificarse con un plazo de 30 días”, indicó.
Distinción con cargos de confianza
La ministra también subrayó que el protocolo sí contempla reglas explícitas para los cargos de confianza, diferenciándolos del resto de los funcionarios públicos.
“Cosa distinta es la que viene el punto siguiente del protocolo de acuerdo, en el punto 15, que son las autoridades que prestan asesoría directo a los gabinetes, ya sea gabinetes de ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados o jefes de servicio”, explicó.
Según detalló, en esos casos se establece que “tienen que cesar el día que cesa la jefatura que fue nombrada”, con el objetivo de identificar de forma más clara al personal de confianza política.
“No es una Ley de Amarre”
Lobos rechazó además el concepto utilizado por la oposición y aseguró que el acuerdo no introduce normas nuevas, sino que consolida criterios aplicados por administraciones anteriores.
“No se complejiza la desvinculación, sino que se cristalizan unas normas que hay un cierto consenso respecto, porque son instructivos que han repetido los ministros de Hacienda desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet”, afirmó, agregando que también lo hizo el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Sobre la polémica denominación, la ministra fue crítica del tono del debate. “A mí no me parece ajustado a la realidad establecer ese tipo de concepto. Esto parece más como de campaña que de Gobierno electo y en ejercicio”, sostuvo.
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