La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su tercer trámite el proyecto que establece la figura jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada” para víctimas detenidas desaparecidas (DD.DD.) de la dictadura.
Los legisladores respaldaron la iniciativa con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, y ahora el texto pasa al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Esta calificación reconoce que el Estado de Chile admite la privación de libertad de la persona por agentes estatales o grupos autorizados por ellos, seguida de negación u ocultamiento de su paradero entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La moción surgió de la diputada Lorena Pizarro; junto a María Candelaria Acevedo; Nathalie Castillo; Carmen Hertz; Tomás Hirsch; Camila Musante; Jaime Naranjo; Emilia Nuyado; Alberto Undurraga y Ericka Ñanco.
Clasificación y registro
La ley alinea con el Plan Nacional de Búsqueda y proporciona reparación simbólica a las familias, quienes obtienen un certificado del Registro Civil que indica la inclusión en el Registro de personas ausentes por desaparición forzada.
El Servicio de Registro Civil e Identificación administra este nuevo registro, que incorpora a personas listadas en informes específicos de comisiones sobre violaciones a los derechos humanos.
Entre las fuentes figuran el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
También se incluyen el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, así como otros informes de comisiones similares creados por ley.
Apoyo a la iniciativa
La norma abarca sentencias judiciales de procesos penales o bajo la Ley 20.377 sobre declaración de ausencia por desaparición forzada.
En cada inscripción se detalla el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad aproximada de la persona al momento de su desaparición, además de la fecha de arresto, detención, secuestro o privación de libertad.
La Cámara aprobó el proyecto en primer trámite en diciembre de 2024, luego el Senado lo respaldó, pero eliminó facultades de la Subsecretaría de Derechos Humanos para agregar casos al registro. Sin embargo, los diputados ratificaron este cambio en el tercer trámite y despacharon el texto como ley.
Intervenciones en el debate
Diputados como Carmen Hertz; Ana María Gazmuri; Emilia Schneider; Consuelo Veloso; Viviana Delgado; Marcela Riquelme; Lorena Fries; Arturo Barrios; Lorena Pizarro y Gonzalo Winter intervinieron a favor.
Otros legisladores, entre ellos María Candelaria Acevedo; Claudia Mix; Nathalie Castillo; Ximena Ossandón; Alejandra Placencia; Tomás Hirsch; Daniel Melo, Hernán Palma y Leonardo Soto, apoyaron la iniciativa. También Joanna Pérez; Daniela Serrano; Ericka Ñanco; Jorge Guzmán; Marisela Santibáñez; Andrés Jouannet; Carolina Tello; Jaime Naranjo; Daniel Manouchehri y Matías Ramírez respaldaron el proyecto.
En el debate, Carmen Hertz declaró que “de las 40 mil víctimas durante la dictadura, aun 1.100 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas“.
En tanto, Gonzalo Winter afirmó que “esta es una reparación simbólica que obliga a crear un registro y el acceso a certificados oficiales que contengan esta calificación”.
Por su parte, Lorena Pizarro expresó que “las familias no renuncian a la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición”.
Mientras que Emilia Nuyado dijo que “es un acto de humanidad para las familias que por 50 años han cargado con el dolor de no poder cerrar un duelo”.
Tomás Hirsch manifestó que “no se les puede pedir que declaren la muerte presunta de sus seres queridos”.
Nathalie Castillo señaló que “esta calificación no modifica estados civiles ni conlleva beneficios económicos”.
Finalmente, María Candelaria Acevedo indicó que “responde a una demanda histórica que evitará la revictimización de sus familias al realizar trámites administrativos”.
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