La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió al inicio de los alegatos de clausura en el juicio SQM iniciado en febrero de 2023, contra ocho imputados por delitos tributarios, cohecho y soborno.
“Esta investigación inicia el 2015 y el 2018, nosotros cerramos y presentamos acusación. Si ustedes ven ahí hay un periodo de tiempo de tres años… que es bastante razonable, atendido el conjunto de antecedentes que hay en esta investigación”, precisó la persecutora.
Recalcando que “desde que nosotros presentamos la acusación, el Ministerio Público no ha hecho otra cosa que instar por la rápida persecución del desarrollo de las siguientes etapas procesales. Estuvimos en época de pandemia, instando para que el tribunal realizara la audiencia de preparación de juicio oral en forma remota, y algunas de las defensas se opusieron”.
“La audiencia finalmente se realizó y estamos en ese periodo, que ha demorado la realización del juicio, única y exclusivamente porque tenemos un importante volumen de prueba que era necesario traer al tribunal”, añadió.
Cabe mencionar que a través de Zoom se conectaron Marcos Enríquez-Ominami, Pablo Longueira, Patricio Contesse, entre otros imputados.
SQM
Lo anterior es necesario, a juicio de Perivancich, para poder acreditar “los hechos que estamos imputando a ocho personas, que dan cuenta de la facilitación de cientos de documentos tributarios falsos”.
La fiscal espera que “todos estos antecedentes sean recibidos por el tribunal, como señala la ley. Entonces, el plazo no es más que el plazo necesario para llevar adelante una investigación y un juicio de estas características”.
Respecto a cuánto habría sido el dinero que habría llegado de forma irregular a la política, mediante la emisión de estas boletas ideológicamente falsas, la fiscal señaló que “estamos hablando de más de 14 millones de dólares en el monto total de los documentos tributarios falsos”.
Perivancich dijo que “el alegato de clausura que se inició hoy, de parte del Ministerio Público, podría extenderse por tres semanas (…), pero ese es un aproximado”.
Cantidad de pruebas y el tiempo transcurrido
Por su parte, la abogada de Pablo Longueira, Johana Heskia, dijo que “es bastante satisfactorio haber llegado a este punto, después de casi dos años y medio. No obstante, la inmensa cantidad de prueba que se ha rendido, nada ha permitido comprobar alguna responsabilidad en nuestro representado en los hechos que se le atribuyeron”.
Mientras que Aldo Díaz, abogado del estudio que representa a Marco Enríquez-Ominami, cree que “en la investigación y en este juicio se han vulnerado derechos, especialmente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.
“Existe un matiz político en este juicio, evidentemente, se ha investigado a algunos y a otros no, y eso ha sido decisión del Servicio de Impuestos Internos y también del Ministerio Público”, añadió el defensor.
Acusando que “se tendrán que hacer cargo, tanto algunos fiscales del Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos, de las infracciones que han existido acá y de la falta de igualdad en la investigación y el juicio”.
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