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La presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, se pronunció sobre la actual Constitución chilena, destacando que la reforma realizada hace 20 años y los recientes procesos constitucionales en los que la ciudadanía participó con voto obligatorio, han modificado la percepción sobre la Carta Magna, considerando que ya no se puede identificar únicamente como la Constitución de 1980. Marzi afirmó que la Constitución ha adquirido legitimidad democrática tras los procesos constitucionales, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de pronunciarse. Además, se refirió al requerimiento para destituir a la senadora Isabel Allende por la compra-venta de la casa de Salvador Allende, indicando que se ha coordinado con el Pleno completo del TC para abordar el caso de manera eficiente, sin dilatar la tramitación.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi entregó su apreciación sobre la actual Constitución, luego de los dos procesos constitucionales que vivimos.
En diálogo con Radio ADN, se le preguntó a Marzi si es que “sigue defendiendo” desde el interior del TC lo que algunos consideran la Constitución de Pinochet.
“No, pero tampoco tenemos conversaciones de ese tipo. Además, la reforma que tuvo hace 20 años, me parece que deja un poco atrás esa idea. Y también venimos de dos procesos constitucionales en que la ciudadanía se pronunció en plebiscitos con voto obligatorio, y finalmente esto es lo que quedó. Entonces, a mí me parece que no es tan fácil decir; esta es la Constitución de 1980”, manifestó.
Respecto a si es una Constitución que está validada democráticamente, Marzi sostuvo que “sí, yo creo que después de los procesos constitucionales hay una legitimidad que ha adquirido, porque era evidente que la alternativa a las dos propuestas era lo existente”.
En cuanto al requerimiento para destituir a la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, en torno a la polémica compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, la líder del TC señaló que “nosotros hemos hecho todo lo posible porque todo esto se ha visto por el Pleno completo, lo que implica coordinar agendas, además con las otras causas que nosotros tenemos y de requerimiento de inaplicabilidad, muchos controles preventivos que hemos tenido esta semana”.
“La decisión de no recibir la causa a prueba me parece que no es un ejercicio de estirar la tramitación. Yo pienso que no hemos para nada dilatado la tramitación. Lo que queda es ponerlo en tabla, llamar a alegato y que quede en estado de resolverse”, sentenció.
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