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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se evidencia un escaso avance en el plan de emergencia para asentamientos irregulares y un cambio de criterio judicial en desalojos. El documento revela que más de 70 mil hogares están en mil 432 campamentos o asentamientos informales, con deficiencias en seguridad jurídica, gastos soportables, habitabilidad y accesibilidad. Además, se destaca que el Estado no garantiza estándares de derechos humanos en desalojos, con un alto porcentaje de hogares en campamentos bajo la línea de pobreza. También se menciona la falta de un marco regulatorio que concilie el derecho de propiedad de los terrenos y el respeto a los estándares de DD.HH. en desalojos. En cuanto a desalojos, se realizaron 67 entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con 21 campamentos catastrados pendientes de desalojo. Se destaca que solo un 3,4% de los hogares en campamentos ha sido beneficiado con subsidio habitacional, a pesar de los esfuerzos por implementar estrategias de radicación y urbanización de asentamientos. Además, se identificaron amenazas naturales y antrópicas que afectan a los campamentos a nivel nacional.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que existe poco avance en el plan de emergencia para asentamientos irregulares y cambio de criterio judicial en desalojos.

Se trata del cuarto capítulo del Informe Anual 2024 del INDH, que se titula Derecho a la Vivienda Adecuada: Asentamientos Informales. Así, en 68 páginas se expone el lento avance en iniciativas para abordar la crisis habitacional. Según se expone, hay más de 70 mil hogares que aún se encuentran repartidos en mil 432 campamentos o asentamientos informales.

Verificando el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a la vivienda adecuada, el capítulo recurre a las siete dimensiones fijadas en 1991 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Se trata de la seguridad jurídica en la tenencia, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural y disponibilidad de servicios. En particular, destacamos el primero de estos conceptos.

En el informe se observa que la seguridad jurídica de la tenencia no está garantizada. Esto, indican desde el INDH, pese a los esfuerzos del Ministerio de Vivienda a fin de agilizar la radicación de los asentamientos o su reubicación, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.

Además, se indica que el Estado aún no incorpora normas que aseguren cumplir estándares de DD.HH. en eventuales desalojos. Al revisar el porcentaje de hogares en campamentos ante el total de hogares por región, las que concentran la mayor proporción son Tarapacá (7,2%) y Atacama (4,8%).

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social de 2021, el 58,3% se ubica en terrenos fiscales, 32% en privados y 9,5% en mixtos. De acuerdo a la Encuesta Casen 2022, 48% de las personas en campamentos está bajo la línea de la pobreza, versus el 7% a nivel nacional.

Derechos de propiedad

A la vez, se insiste en que el alza de campamentos puso de relieve la necesidad de analizar la afectación del derecho a la propiedad de los titulares de los terrenos donde hay asentamientos.

Recordemos que el país tiene mecanismos para resguardar el derecho de propiedad y que los dueños puedan obtener su restitución cuando otras personas se lo apropien indebidamente. Igualmente, se concluye que “hoy no existe un marco regulatorio que permita conciliar el resguardo de este derecho y el respeto de los estándares de DD.HH. de las personas en campamentos ante posibles desalojos”.

Cifras de desalojos

El documento también presenta algunos datos sobre desalojos. Entre el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de 2024, se efectuaron 67 aplicando la ley 21.633.

El Ministerio de Vivienda indica que, tras la aplicación de distintas normativas, a junio de 2024, hay 21 campamentos catastrados con orden pendiente de desalojo, afectando a una población estimada de 9 mil hogares.

Según se indica desde el INDH, “el ministerio dice que ‘no cuenta con presupuesto, ni con un mecanismo administrativo adecuado para la atención inmediata de estos casos’ si se producen los desalojos previstos en el corto plazo.

Plan de Emergencia

Además, se indica que -acorde con las recomendaciones internacionales de DD.HH- el Estado, a través del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda, se propuso fortalecer las estrategias de radicación de los asentamientos mediante su urbanización o desarrollando nuevos proyectos en los terrenos donde están o en lugares cercanos.

Aun así, pese a la intención de agilizar la respuesta, desde marzo de 2022 a julio de 2024, solo 3,4% de los hogares en campamentos ha sido beneficiado con un subsidio habitacional.

De hecho, entre enero de 2022 y junio de 2024, 2 mil 890 hogares (4% de los que viven en asentamientos informales) han logrado acceder a una solución habitacional mediante subsidios. Si se compara con años anteriores, es superior al período 2018 – 2021, pero inferior al 2014 – 2017.

Junto con los temas de propiedad, el capítulo menciona otro punto relevante. El Ministerio de Vivienda identificó 889 amenazas que afectan a distintos campamentos a nivel nacional, como remoción en masa, tsunamis, incendios forestales, amenazas antrópicas e inundaciones. Y según un examen que hizo Techo Chile en 2023, se estima que 91,3% de los campamentos del país se encuentra expuestos, por lo menos, a una de estas amenazas.