El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud realizada por el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, en el caso que vincula a los fiscales Héctor Barros y Milibor Bugueño, en el supuesto montaje efectuado para allanar la sede del partido Comunes el año 2021, donde el querellante alega un desproporcionado uso de la fuerza.

Fue la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien solicitó el sobreseimiento de los persecutores acusados, a lo que el juez de tribunal de garantía, Cristián Sánchez, no accedió considerando que en los casos que la Fiscalía investiga a sus propios persecutores se debería realizar una investigación especialmente rigurosa.

El abogado, Luis Mariano Rendón, sostuvo que en este caso está en juego el interés público de evitar la manipulación del sistema procesal penal para fines completamente ajenos.

El jurista que representa su propia querella cuestionó el despliegue de fuerzas policiales que fue empleado para una diligencia en un delito no violento, en el que hubo uniformados con armas de alto calibre.

En paralelo, el partido Comunes ingresó el pasado jueves sus descargos ante el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, para evitar su disolución, la que fue solicitada por el Servel en diciembre del 2023 tras una denuncia por infracciones graves y reiteradas a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.

Son 114 páginas en las que la colectividad se defiende de manera ofensiva, acusando a la administración anterior, liderada por Jorge Ramírez, de la crisis financiera que atraviesa el partido, solicitando más tiempo para evitar la disolución del partido que integra el Frente Amplio.

El presidente de Comunes, Marco Velarde, detalló cuáles fueron las principales explicaciones y argumentos entregados al Tricel para intentar impedir que el partido, que acogió a figuras como Karina Oliva, desaparezca.

Fue esta semana que el Servicio Electoral pidió al Consejo de Defensa del Estado cobrar al partido Comunes más de 872 millones de pesos, lo que ha la fecha no ha sido reintegrado, por lo que se solicitó al CDE que actúe para recuperar los dineros provenientes de aportes fiscales.