La ministra Carolina Tohá descartó responsabilidad del Gobierno en las falencias detectadas por la Contraloría General de la República respecto a la entrega de pensiones de gracia tras el estallido social. En esa línea, dijo que el procedimiento fue en virtud de lo definido en la Ley de Presupuesto el año 2021, tras un oficio del exsubsecretario del Interior durante la administración anterior, Juan Francisco Galli.
Desde la región de La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el informe de la Contraloría General de la República que reveló falencias en la entrega de pensiones de gracia tras el estallido social.
Si bien el informe del ente controlador detalló que existen 58 personas que reciben el beneficio y cuentan con antecedentes penales, la secretaria de Estado aseguró que “el número es más alto” y llega hasta 69.
Además, Tohá precisó que las pensiones de gracia fueron otorgadas en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuesto el año 2021 y que se implementó en 2022.
Lo anterior, “en base a un oficio que dictó el entonces un subsecretario (Juan Francisco) Galli” en el que no se tenía como requisitos la evaluación de los antecedentes penales de quienes postularon.
Tohá y procedimiento por pensiones de gracia: “No fue nuestro Gobierno (…) estaba definido cuando nosotros llegamos”
En esa línea, la titular de Interior recordó que el presidente Gabriel Boric “ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales, al momento de tener las pensiones de gracia, se evalúe uno por uno”.
Lo anterior, “dejando a las personas que tienen un daño grave y permanente” como la pérdida del globo ocultar, “pero en el caso de personas que no tienen ese daño permanente, evaluarlo”, dijo.
“Al mismo tiempo, ha instruido para que presentemos en el Parlamento una propuesta, un cambio a la ley, que implique que de ahora en adelante cada vez que se asigna una pensión de gracia se tenga a la vista los antecedentes penales de las personas”, complementó Tohá.
A continuación dijo que, además de lo anterior, se busca que “una vez que una persona se le haya otorgado una pensión de gracia, si comete un delito de una cierta gravedad, por ley, la pierda”.
Según dijo la autoridad, “porque una persona que tiene una gracia presidencial de este tipo no puede cometer delitos una vez que se le otorgó”.
Respecto al procedimiento que viene desde la administración anterior, “el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no tuviera a la vista a los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra”.
Consultada por si faltó un chequeo de la información, Tohá dijo que “hay un procedimiento que no estaba bien pensado y no solo respecto a las pensiones del estallido. Estamos revisando las pensiones de gracia hacia atrás”.
En cuanto a las responsabilidades, “el proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley (…) no las definió este Gobierno, las definió el Parlamento”, precisó.
Agregando que “estas cosas se votaron, se aprobaron de esta manera y las reguló en un oficio el gobierno anterior”.
“No fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento estaba definido ya cuando nosotros llegamos”, concluyó la ministra del Interior.
