"Se ha sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente", establece el documento aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Esta tarde de martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre los actos de Gobierno, respecto los indultos particulares por parte del Presidente de la República.
Recordemos que dicha instancia se encargó de reunir antecedentes sobre el indulto al exfrentista Jorge Mateluna y a otros 12 condenados por causas vinculadas al estallido social de octubre de 2019.
Los indultos otorgados por el Gobierno
En lo que se aprobó, la propuesta indica que “la tramitación de las solicitudes aquí en cuestión se ha sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente”.
“De la misma forma en que se ha venido haciendo en los últimos años y que constituye la práctica administrativa asentada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, agrega.
En cuanto a los informes emitidos por Gendarmería, “estos no son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes adicionales y el contexto en que se ejerce la atribución en análisis”.
Además, se indica que hay una “inexistencia de irregularidades en la tramitación”, pues “desde el punto de vista de un examen legal, los decretos cumplen con todos los requisitos legales para producir sus efectos”.
Conclusiones de la comisión investigadora
En cuanto a las conclusiones, se establece que es necesaria la creación de una comisión de reforma a la institución del indulto.
Adicionalmente, propone que el Ejecutivo estudie posibles modificaciones a la ley 18.050 de indulto. Esto, con la finalidad de que los informes sean revisados por un órgano colegiado.
Respecto a las personas privadas de libertad que cuenten con condenas previas, la propuesta de indultos debe ser objeto de calificación por el órgano colegiado antes mencionado.
Además, se propone determinar el alcance del artículo relativo a la interpretación de qué se entiende por “casos calificados”.
Finalmente, se recomienda elevar requisitos de fundamentación de los actos administrativos que concedan indultos particulares para evitar que surjan controversias.
Además de revisar el alcance de la delegación de potestades para indultos particulares ante los delitos más gravosos y someter los decretos supremos de concesión de indultos al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría.
