Una indicación presentada por los diputados Henry Leal (UDI) y Cristián Araya (REP) generó una polémica contradicción mientras se discutía el proyecto -posteriormente aprobado- que busca sancionar el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos. Ante eso, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto -respaldado por el Ejecutivo- que busca sancionar el porte injustificado de combustible en reuniones en espacio de usos públicos. Tras toda una polémica, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad.
“Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos”, indica el proyecto.
En esa línea, se busca que quien injustificadamente, y sin explicación razonable, porte combustible que dañe a personas o cosas, sea sancionado con una multa de 10 a 20 UTM que se traduce en un monto entre $631.000 y $1.263.000.
La polémica por contradictoria indicación
Además de lo anterior, se aprobó una indicación presentada por los diputados Henry Leal (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano) para agregar un artículo que generó polémica.
“El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, portare injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas; será sancionado con presidio menor en su grado mínimo”, se lee en la indicación.
Esto significa una sanción penal de entre 61 días a 540 días. Así, se generó una contradicción tras converger la multa, como indicaba el proyecto original, con penas de cárcel.
El presidente de la Comisión de Constitución e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, dijo a El Mercurio que quedó una norma “confusa” al estar sancionada como delito y también como una falta.
¿Multa o cárcel? Gobierno hizo reserva de constitucionalidad
Desde la administración del presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a lo presentado por los dos diputados de oposición.
En ese contexto, explicó que el Ejecutivo “deja planteada reserva de constitucionalidad respecto de la indicación que se aprobó del diputado Leal y otros parlamentarios”.
“Las razones son las mismas por las cuales se declaró inadmisible la indicación del diputado Longton”, agregó.
Respecto a la iniciativa, dijo Tohá, “la norma contiene una definición de la misma conducta y le pone una sanción diferente al resto del proyecto. Es decir, es incompatible, y a la vez es inadmisible porque está fuera de las ideas matrices”.
“Este es un proyecto para crear una falta. Si alguien desea presentar un proyecto para crear un delito, tendría ser un proyecto distinto”, afirmó la secretaria de Estado.
Además, al no especificar el contexto en que se castigaría el portar combustible, la titular de Interior lo calificó como un “error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo”.
“Cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito”, concluyó Tohá.
