ARCHIVO | Sebastián Beltrán | Agencia UNO
visitas
"Evidentemente, no es una buena señal que se pretenda vulnerar lo que ha sido una resolución y una legislación aprobada transversalmente por el Congreso Nacional que busca establecer sanciones de verdad a los delitos de cuello y corbata", fustigó la vocera de La Moneda.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso del anuncio del gran empresariado de acudir al Tribunal Constitucional (TC) por la nueva ley que endurece las sanciones -incluso con cárcel- para quienes cometan delitos económicos y ambientales.
Recordemos que la Confederación de la Producción y del Comercio arremetió en contra de la normativa que establece la creación de cuatro categorías para determinar los diferentes grados de sanciones y presentó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional por supuestos vicios de constitucionalidad que tendría el texto.
Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, fustigó la decisión del gran empresariado y recordó que la tramitación contó miradas de diversos expertos.
En esa misma línea, la vocera de La Moneda apuntó este miércoles que “el ministro de Justicia lo señaló claramente el día de ayer: este es un mecanismo muy similar a lo que se utilizó con la ley de Sernac financiero”.
“Se acuerdan que también se hizo un téngase presente y finalmente se le quitó, a pesar del apoyo transversal para esa legislación, para la protección de los consumidores, los dientes al Sernac para justamente perseguir y sancionar la vulneración de los derechos de los consumidores y poder defenderlos”, insistió Vallejo.
“Este es un mecanismo muy similar el que se está utilizando y evidentemente no es una buena señal que se pretenda vulnerar lo que ha sido una resolución y una legislación aprobada transversalmente por el Congreso Nacional que busca establecer sanciones de verdad a los delitos de cuello y corbata”, criticó.
Señalar que en paralelo, el senador de Demócratas, Matías Walker, advirtió que también acudirá al Tribunal Constitucional, lamentando que se opongan al término de las clases de ética como método de sanción.
